A resultas del caso ABC se produjo un fenómeno patético. Y es que la abrumadora mayoría de los, así llamados, expertos constitucionalistas saludó, en algunos casos hasta el paroxismo, el informe del ministro de la Corte Arturo Zaldívar, que exigía fincar responsabilidades al director del IMSS, al gobernador de Sonora y al alcalde de Hermosillo, pero, al menos hasta ese momento, jamás se habían ocupado de la pretendida vulneración de otros derechos garantizados en la Constitución.

Por tanto, si existe todavía una mínima coherencia intelectual y ciudadana, esa discusión debiera extenderse a otros aspectos medulares de eso que se denomina el estado social de derecho, a pesar de que no tengan la misma rentabilidad política o no generen una atención mediática equiparable. Veamos. Al referirse in extenso al capítulo primero de la Constitución mexicana, el ministro Zaldívar aduce en su informe que “la vigencia plena de los derechos fundamentales es la razón de ser de toda la ingeniería constitucional” y que su incumplimiento por parte de los órganos del estado, por acción u omisión, vulnera esos derechos; por tanto, agrega, “es importante determinar a quién debe imputarse este tipo de violaciones constitucionales… (Y) debe haber alguien que responda por tales afectaciones”.

Pues bien, siguiendo esa misma línea de argumentación, si el derecho a la educación y los bienes que de ésta derivan —bienestar, progreso, calidad de vida—, al igual que el derecho a la protección de la vida que alegó el ministro Zaldívar, están garantizados constitucionalmente ¿quién es el responsable de la pésima educación pública que reciben los niños y jóvenes mexicanos, de que ésta no esté produciendo los resultados previstos en el artículo 3º de la Constitución y de que el servicio público educativo, en especial en el nivel básico, esté formando generaciones de estudiantes fracasados e incapaces de adquirir las competencias mínimas para desempeñarse eficazmente en el mundo laboral?

Se supone que la educación debe generar mejores condiciones de vida. Sin embargo, si se examina el servicio educativo que presta el gobierno mexicano a la luz de las mediciones internacionales, por ejemplo los estudios PISA, o cuando se contrasta con los niveles de crecimiento del producto nacional, el ingreso de las personas, la productividad y, en general, la competitividad de México, no se encuentran evidencias de los beneficios tangibles y concretos de la educación impartida por el Estado. ¿Quién paga por ese daño? No hay discusión en lo doloroso de las 49 muertes producidas por la tragedia de la guardería y estaría bien que pagaran los responsables. Pero ¿quién paga por los millones de personas a las que una pésima educación pública ha condenado a la ignorancia, la pobreza, la mendicidad, la catástrofe silenciosa que dijera Guevara Niebla? ¿La SEP, los gobiernos estatales, los maestros, que son, no se olvide, servidores públicos como los guardianes de ABC? ¿Quién paga por ese daño?