Los observadores de la vida nacional han concentrado sus capacidades analíticas en los efectos en que se manifiestan los nuevos hábitos del poder regional —discrecionalidad presupuestal, control territorial, clientelismo político— cuando en realidad el problema real son las causas que los originaron. Veamos.

El desmesurado traslado de competencias, atribuciones y dinero ha generado una estructura de incentivos a los gobernadores para convertirse, como en el México del siglo pasado, en señores de horca y cuchillo que lo mismo deciden, frecuentemente sin planeación ni fundamento técnico alguno, la orientación del modelo económico de sus estados que la asignación de los recursos públicos o la imposición de candidaturas, entre otras muchas cosas.

Por ejemplo, las participaciones federales a las entidades se fueron de 20 mil millones de pesos (mmdp) en 1990 a más de 450 mmdp en 2009, y el conjunto de las transferencias, es decir, la ejecución de obra pública federal directa o los subsidios universitarios o los programas sociales, sumaron, ese mismo año, 940 mmdp, lo que permitió que la aplicación de los diversos ramos de gasto en los estados se incrementara entre 38 y 55%.

Como el que nunca ha tenido y llega a tener loco se quiere volver, con esa suma el nivel de gasto público subnacional, según datos examinados por el IMCO, se elevó cerca de 150%, y la mayor parte fue a parar a nómina, o, en buen castizo, al reclutamiento de personal conforme a la más pura tradición corporativa y clientelar.

Más aún, si, como decía un viejo cacique hidrocálido, “el poder es pa’ poder”, lo que menos importa es transparentar en qué se va esa riada de plata: de los 373 municipios más grandes del país, sólo 97 publican su presupuesto en internet y 135 más ni página tienen o no funciona.

Por tanto, visto fríamente, los escándalos de la temporada electoral y sus abusos no son sólo la expresión concreta de la disputa pura y dura por el poder territorial a cualquier costo, sino también, y mucho más importante, la evidencia de que el modelo institucional, hacendario y legal con que se gasta el dinero de los contribuyentes —y gobernar es presupuestar, diría Rocard— sencillamente no funciona para los efectos de hacer gobiernos eficaces y competentes y que respetan las reglas del juego democrático.

No hay que ir muy lejos en la corrección de este derroche. Bastaría con reformular el proceso de integración de los presupuestos públicos, introducir nuevos candados para ejercerlo, limitar el cabildeo legislativo y cambiar la forma en que los diputados federales y locales lo asignan, y mover la rendición de cuentas hacia mecanismos de tercera generación basados no en la comprobación contable ni en las obras a ejecutar, sino en los resultados específicos que con ese dinero se alcance en el crecimiento, la calidad educativa, el empleo productivo o los índices de salud. Así de simple.