Las oposiciones legislativas, en especial el PRI, han puesto el grito en el cielo por las propuestas del paquete fiscal, pero no han dicho ni pío en relación con el gasto que ejercen los gobiernos estatales y municipales, entre otras cosas porque éste es una las “conquistas adquiridas” con la descentralización, permite a los ejecutivos locales derrochar sin ton ni son en frivolidades y excesos y, lo mejor de todo, les dará margen de maniobra para inyectarle recursos a las diez elecciones para renovar gobernadores de 2010.

Aunque este fenómeno tiene dos partes —la creciente acumulación de poder por parte de los gobernadores y el deterioro de las finanzas públicas locales— me ocupo por ahora solamente del segundo, porque quizá es el más urgente en el marco de la discusión legislativa que viene.

Todos los gobernantes locales lloriquean por más dinero, pero la realidad es que, gracias a sus aliados en el Congreso federal, se han vuelto voraces al exprimir las arcas públicas. Por ejemplo, entre 1990 y 2008, las participaciones fiscales a los estados volaron de 20 mil millones de pesos (mmdp) a 400 mmdp y el gasto federal programable aplicado en el país aumentó ocho veces, gracias a lo cual los egresos de estados y municipios crecieron, de 2001 a la fecha, 68% y 56% respectivamente, la mayor parte, por cierto, destinado a servicios personales, es decir, burocracia.

Con la excepción de Sonora, en todos los casos, además, los estados ejercieron en la realidad más recursos de los que originalmente tenían presupuestados: según cálculos del IMCO, el exceso de gasto de gobernadores y alcaldes en los últimos tres años (360 mmdp) es superior al boquete financiero previsto por Hacienda (300 mmdp) para 2010. Y en todos los casos ningún estado hizo esfuerzo adicional alguno para captar más ingresos propios por la vía del predial, la actualización de las tarifas del agua o la austeridad en el gasto público.

Ahora los partidos (y los estados que gobiernan) quieren tasar con una doble vara el paquete económico: se oponen a aprobar impuestos que les cuestan políticamente, pero no a que, gracias a ellos, les toque más dinero. Y no lo harán porque en 2010 hay elecciones, en orden cronológico, en Durango, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Puebla. Tan sólo tres gobernadores priistas de estas entidades concentran 55 diputados federales, es decir, casi la cuarta parte de la bancada de ese partido, de modo que, sin excusa ni pretexto, darán una batalla infernal para extraer hasta la última gota de la ubre presupuestal.

Lo de menos es si la economía crece, si México es competitivo, si genera empleos productivos y si mejora el ingreso real de las familias. Lo importante son el botín y el poder a toda costa.

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