Aguascalientes, Ags.- Hace tiempo escribí aquí mismo que en la última década y media, conforme se fueron creando las llamadas instituciones autónomas de Estado, surgió con ellas también una cohorte variopinta tanto de intelectuales y académicos serios como de charlatanes y vividores.

Todos, unos más otros menos, querían hacer política sin lavarse las manos con agua sucia, es decir, deseaban poder, visibilidad, cargos, buen salario, choferes e invitaciones a comer pero sin tener que comprometerse demasiado, hacer campaña en la calle, servirle abiertamente a un gobierno ni mucho menos a un partido, y encontraron que esos organismos eran una modalidad aséptica para integrar una clase especial: ni burócratas odiosos ni políticos profesionales (como algunos optaron después) ni hijos de vecino sino una modalidad de élite que empezó a medrar paladinamente con la etiqueta de ciudadanía.

El reciente escándalo del IFAI es revelador del grado de corrosión y de deterioro moral y político que podrían estar sufriendo estas instituciones y es una señal de alarma para revisar si, tal como están compuestos y normados, le sirven realmente al país y mejoran la calidad de la vida pública o bien ha llegado el momento de replantearse su operación.

Dicho de otra forma: hay que preguntarse, en el contexto de la práctica de acceso a la información, si la relación ciudadanía-transparencia-democracia está funcionando adecuadamente y si los ingredientes éticos que deben subyacer en esa política pública están contribuyendo a construir una genuina cultura de transparencia que vaya mucho más allá de protagonismos reprobables de los encargados de proveer información al público o de la visión perversa de que todo se reduce a saber quién hizo qué.

En ambos casos, a juzgar por la incapacidad de esa institución para inducir conductas preventivas entre los sujetos obligados o disminuir los niveles de opacidad, la respuesta es inevitablemente negativa. Y lo es porque la comprensión del problema y por tanto la instrumentación de nuevas y mejores prácticas de transparencia fueron reemplazadas por la absurda creencia de que basta con congregar una colección de personalidades que llegaron a esos cargos por mercadeos partidistas y recomendaciones políticas para alcanzar ese objetivo.

Se olvidó que en las naciones donde existe una cultura consolidada de transparencia ésta se sostiene en una combinación de confianza colectiva, políticas y gobiernos innovadores, ciudadanía de alta intensidad y buenos hábitos sociales que hacen de la transparencia no una herramienta ni una moda, sino una política proactiva y preventiva y, en el fondo, una cultura cívica basada en valores, leyes, prácticas e instrumentos.

Es obvio que la transparencia fortalece al ciudadano, a la comunidad y al país, pero se destruye cuando el eslabón principal de la cadena, la institución responsable de organizar el ejercicio de ese derecho, se ve tocado por las pequeñas ambiciones de poder y las disputas mezquinas burocráticas.