Aguascalientes, Ags.- Según el Global Risks 2013 , un reporte de coyuntura que elabora anualmente el World Economic Forum para identificar los principales focos rojos en el mundo, la crisis en la provisión de agua es el segundo mayor riesgo para la humanidad, medido por su impacto, solo después del peligro de que la crisis financiera se vuelva sistémica y fallen todas las políticas hasta ahora adoptadas.

El del agua es uno de esos aspectos en que la buena noticia es que se han venido produciendo ya una gran cantidad de alertas, foros, estudios e investigaciones desde el punto de vista ambiental, sanitario, financiero, social y urbano, al menos, y casi todos parecen estar de acuerdo en que se trata de una prioridad mayor y hay que hacer algo o profundizar seriamente lo que ya está en ejecución. Pero la mala es que se ha convertido en un problema cuya gestión, es decir, la responsabilidad de su manejo se encuentra sumamente atomizada en varias manos y niveles subnacionales, y no está claro si tienen un diseño conceptual y estratégico de cómo abordarlo, si existe una política pública y privada integrales, y si se está actuando de manera focalizada y precisa allí donde potencialmente están algunas soluciones.

Véase el caso de México. Si bien existe una entidad rectora que en teoría dicta las políticas generales, la operación de los sistemas de agua en ciudades y estados es un verdadero rompecabezas de pequeños éxitos y grandes desastres de gestión. En algunos casos a nivel municipal el manejo está concesionado al sector privado y según ciertos indicadores ha sido una alternativa eficaz en casi todos los sentidos; en otros, existen grupos de usuarios que controlan el abasto sin ninguna consideración sanitaria o estratégica; en unos más, son los productores agrícolas los que hacen con los distritos de riego lo que les da la gana y perpetúan la injusta distribución entre los usos urbanos y agropecuarios, y en casi todos los municipios el agua sigue sin reflejar sus costos reales incentivando no solo los desequilibrios presupuestales de los organismos operadores, con sus consecuentes efectos sobre la falta de modernización de las redes o la ampliación de la cobertura, sino también el derroche y el desperdicio en el consumo.

El asunto del agua es ya de seguridad nacional, y su enfoque y su manejo por parte de los gobiernos debe promover prácticas distintas, aun cuando sean políticamente incorrectas, entre otras razones porque en la extendida idea de que el agua es un bien libre y gratuito o un derecho humano universal, lo que nadie discute, subyace sin embargo un serio problema que es el dilema de cómo hacer compatible la prestación de servicios básicos en condiciones de oportunidad, cobertura y calidad suficientes, financieramente sostenibles y ambientalmente sustentables, con la necesidad de lograr una convivencia urbana equilibrada y armónica.