Aguascalientes, Ags.- En sistemas económicos muy abiertos, con alta competencia y mercados que funcionan con razonable eficiencia, la suscripción de una alianza estratégica entre una gigantesca empresa pública y una exitosa corporación privada para realizar una inversión productiva no debiera llamar especialmente la atención.

Pero en un contexto operativo tan particular, como el que existe en el sector petrolero mexicano, el acuerdo de coinversión entre Pemex y Mexichem, aprobado finalmente el miércoles pasado por el consejo de administración de la paraestatal y que estaba paralizado, destinado a modernizar un complejo industrial de la propia Pemex y producir insumos petroquímicos, contiene al menos dos lecciones políticas relevantes.

La primera tiene que ver con la gestión de una entidad pública. Como es bien sabido, Pemex tiene una estructura corporativa y un marco laboral que suelen complicar la toma de decisiones muy importantes para el desarrollo de proyectos clave y la atracción de la inversión necesaria para llevarlos a cabo.

En el caso concreto examinado, que supone una inversión conjunta de 556 millones de dólares, dicho proyecto estaba formalmente estancado desde 2011 pero conversado entre los participantes desde 2005. La pasada administración, tanto del país como de la paraestatal, no logró, literalmente hasta finales de su gestión, en noviembre pasado, hacer que el acuerdo transitara tanto por el lado sindical como por el del consejo de administración. La diferencia ahora es que parece haberse ejecutado una estrategia políticamente eficaz para sacar adelante un convenio técnico y financiero que, según los expertos, facilitará el crecimiento de un sector fundamental para la economía mexicana. Justo para eso es la política.

La otra lección es que este ejemplo ilustra que los proyectos de asociación público-privada no sólo no deben atemorizar a nadie, sino que, por lo contrario, son necesarios si México quiere elevar sus niveles de inversión nacional, requisito indispensable para crecer a tasas altas y sostenidas.

Pongámoslo de la siguiente manera: la evidencia internacional sugiere que en los países que crecen de manera sana, la función económica del Estado lo ha llevado a pasar de ser un proveedor a un facilitador encargado de promover y conjuntar distintas fuentes de recursos para alcanzar objetivos públicos en condiciones de mayor eficiencia, transparencia y equilibrio presupuestal.

Las razones son varias, pero destaca el hecho de que la infraestructura es crucial para lograr mayor crecimiento económico e invertir en ella plantea riesgos, es frecuentemente cara de financiar, compleja de construir y con retornos económicos no siempre altos. Más aún: los costos no terminan nunca, y mientras más esencial es una infraestructura, más se utiliza y más necesita ser reparada, ampliada y mejorada.

De no atraer inversión privada, en condiciones de limitaciones financieras o de balances públicos prudentes, las inversiones estratégicas se ven reducidas y conducen, naturalmente, a menor productividad y menor crecimiento.

Acortar esas brechas mediante fórmulas políticas innovadoras es bueno para el país. Exactamente lo que Energía y Pemex han operado en este caso.