Aguascalientes, Ags.- Si se ponen en una sola canasta los problemas relacionados con las finanzas públicas subnacionales; la deficiente coordinación entre federación y estados en materias como seguridad pública, educación o medio ambiente; la falta de una genuina política nacional en materia de competitividad o, simplemente, la fragmentación de los arreglos políticos locales, es claro que pronto será inevitable discutir cómo reorganizar un modelo federal que hoy parece desvencijado.

En ese contexto, tiende a pensarse que el desempeño de los gobernadores, que ha sido decisivo en el panorama tan desordenado que se observa en muchas entidades, fue producto de los vacíos de poder que generaron las presidencias panistas y que, por tanto, basta con la nueva alternancia para neutralizar y corregir ese desorden.

Me temo que el problema es más complejo como para resolverlo con pura voluntad porque en su origen, en el ADN de los arreglos institucionales mexicanos, ha estado una marcada tendencia a la fragmentación política y, con más precisión, al feudalismo de personajes fuertes a escala local, y no será sencillo removerla.

Basta ver que algunos de los elementos fundacionales del sistema político mexicano, tal como lo conocemos ahora, vienen desde finales del siglo XIX para comprender por qué las formas de operación de los gobernadores contemporáneos guardan cierta semejanza con esa mecánica histórica: los gobernadores eran en el porfiriato, escribió Luis Medina tiempo atrás, dueños políticos “de su territorio a cambio de algunas prestaciones… La autonomía formal que los estados tenían en el nivel de régimen político se vio consagrada en los hechos con el reconocimiento de su ámbito de competencia política”.

En cierto modo, aunque ahora la diferencia básica es que esa constelación de hombres y mujeres fuertes se vino moviendo en los últimos doce años sin tener como referencia fundamental al presidente en turno ni estar sometido a su guillotina ni gravitar en torno a un pacto establecido centralmente, su densidad política se amplió gracias a los controles sobre procesos electorales, decisiones partidistas, congresos locales y poder judicial, medios y, notoriamente, la asignación de recursos, de suerte tal que han creado una serie de pequeños reinos políticos locales que no responden a la lógica de un gobierno central o de políticas públicas nacionales sino a necesidades y coyunturas muy concretas y específicas definidas en muchos casos por los propios gobernadores.

Cambiar ese esquema, cuyos hábitos suenan más al estruendo del viejo régimen que a la música democrática del nuevo, seguirá produciendo tensiones y conflictos todo el tiempo y dependerá de una combinación de incentivos, controles y medidas jurídicas que pueda a mediano plazo configurarse en un modelo federal relativamente distinto a lo que conocemos ahora.

De otra forma, será profundamente desgastante ir apagando fuegos locales —lo mismo de las deudas que de los motines carcelarios— o bien muy ineficiente para la articulación de políticas en áreas donde los estados deban jugar un papel mucho más responsable y activo.