Dicen que con frecuencia los políticos suelen ser víctimas de su propio éxito: es más duro administrar victorias que procesar derrotas. Y el PRI, un partido integrado por políticos pragmáticos, se enfrentará a varios dilemas si, como parece, se alza como el gran ganador de las elecciones estatales del 4 de julio.

Suponiendo que de las doce gubernaturas llega a ganar diez —recuperando, por ejemplo, Aguascalientes y Tlaxcala pero cediendo Oaxaca y Puebla—, el primer problema es estabilizar el previsible conflicto interno por la entrega de dos plazas históricas cuyos gobernadores actuales, además, controlan poco más del diez por ciento de la fracción priista en la Cámara de Diputados.

Y a la inversa: asumiendo que hay carro completo, el conjunto de los gobernadores triunfadores —entrantes y salientes— intentará ser mano en la renovación del Comité Ejecutivo Nacional, prevista para la próxima primavera; en las elecciones estatales de 2011, y, en especial, en la nominación de candidatos al Congreso federal, cuya primera composición estará más o menos perfilada hacia fines del año que viene.

El segundo dilema es cómo conducirse en sus relaciones con el Ejecutivo federal en lo general; en las iniciativas legislativas pendientes —modernización política, competencia, acciones colectivas, laboral, seguridad nacional, justicia militar— y, particularmente, en la confección del paquete económico 2011 —Ingresos y Presupuesto de Egresos—, pues lo más probable es que, con una mayoría excesiva, el PRI estará muy tentado a actuar en esas materias exclusivamente en función de sus intereses de corto plazo, es decir, hacer sólo aquello que tenga rentabilidad electoral y no ponga en perjuicio ninguno de sus activos o alianzas coyunturales —digamos con el SNTE— calculando que, tras 2012, ya habrá tiempo de emprender nuevas reformas de gran calado.

Y el tercero, el más improbable, es tratar de mostrar que el PRI ha cambiado en realidad y, en consecuencia, definir una agenda de reformas estructurales impostergables que conviene más promover ahora que después —en materia fiscal o energética, por citar prioridades—, apostar parte de su capital político en sacarlas y compartir con el Ejecutivo y el partido gobernante los costos de decisiones complejas e impopulares, pero buenas para el país.

El desafío, en suma, es por lo menos plantear una interrogante central: ¿cómo quiere verse el PRI de cara a 2012? ¿Simplemente como un partido con los defectos del pasado pero que por circunstancias fortuitas está en plena recuperación electoral? O ¿como un partido moderno, renovado y renovador, presentable y decente, profesional y comprometido con una agenda propia de las exigencias del siglo XXI?

Más allá de que, por ahora, los dioses electorales lo favorezcan, no está claro para qué quiere, nuevamente, gobernar el PRI.