Al menos para hacer buenos gobiernos, las encuestas se han convertido en un incentivo bastante negativo. ¿Por qué?

En los últimos años, ha crecido la adicción de los gobernantes a utilizar los sondeos para tomarle cotidianamente el pulso a la ciudadanía y las agencias especializadas han encontrado en ella una mina de oro pues la mayoría ha ampliado el portafolio de servicios ya no sólo con el levantamiento habitual de centenares o miles de cuestionarios, sino que ahora incluyen dentro de la iguala que cobran, entre otras cosas, consejos estratégicos, comisiones por la producción de spots de radio y TV, coyotaje político, relaciones públicas, charlatanería comunicacional y, de paso, una especie de terapia cuando las cosas se le complican al cliente.

Basta ver la proliferación de barómetros que, periódicamente, “descubren” los niveles de aprobación presidencial, las preocupaciones de la gente, la confianza en las instituciones y otras obviedades de ese tipo. Que la encuestocracia lucre sin límite con este mercado puede discutirse éticamente o en términos de eficiencia gubernamental, pero es perfectamente legal.

El problema es otro: como no tenemos instrumentos sofisticados como el referéndum, por ejemplo, para consultar la temperatura ciudadana en torno a asuntos específicos, entonces nuestros gobernantes diseñan, formulan y ejecutan políticas públicas o toman decisiones exclusivamente en función de los intereses del día, y éstos suelen ser frecuentemente inversos a lo que debiera ser la práctica del buen gobierno. En suma, terminan por ser esclavos de la opinión pública en lugar de conducirla inteligentemente.

Gobernar es decidir. Y gobernar con eficacia significa tomar decisiones muy difíciles como, en el México de estos días, generalizar el IVA, cobrar el agua a precios reales, abrir más la economía e integrarla más a los Estados Unidos, atraer capital privado a Pemex o la CFE, introducir rendición de cuentas a la labor magisterial o al desempeño de las universidades públicas, suprimir subsidios improductivos, romper monopolios y un largo etcétera.

¿Alguien supone, sensatamente, que si cualquiera de estas propuestas fueran encuestadas previamente merecerían la aprobación o el aplauso ciudadano? Como la respuesta evidente es que no, los gobernantes se atemorizan y paralizan, las decisiones se estancan y la estructura de incentivos se pervierte pues es más agradable el clientelismo y la distribución de dádivas, generando resultados de una pobreza alarmante en términos de las cuestiones que verdaderamente importan: crecimiento sustentable y bienestar fundado.

Es muy probable que en esta adicción pueda haber algo (o mucho) de fragilidad psicológica, inseguridad personal o traumas familiares de nuestros próceres que -a falta de pasión, decisión, coraje, intelecto y compromiso- necesita ser atenuado con el difuso espejo de las encuestas. Pero el gobierno no es un diván y la política profesional lo que requiere son otras cualidades: cabeza, corazón y carácter.