Una de las habilidades de la maestra Gordillo es la capacidad que tiene para engatusar a sus interlocutores. A unos les dice que es la principal interesada en mejorar la educación. A otros que su control evita conflictos en el sistema educativo. Y a algunos más les promete que con su brazo partidista —Nueva Alianza— pueden ganar elecciones. Que la maestra chantajee con todo esto es normal. Pero que nadie la refute con evidencia es patético.
En estos días, por ejemplo, repitió en un programa de televisión su cantaleta de que todo se resuelve si se les paga más a los maestros y si se formalizan —en buen castizo, si se incrementan las cooperaciones de los padres de familia—. No es así y es indispensable aportar datos duros para reorientar una discusión tan torcida.
Para empezar, el país en su conjunto gasta más en educación que nunca antes. El gasto total alcanza al 7% del PIB, del cual 5.5% proviene del presupuesto público y 1.5% es participación privada. Ese nivel de gasto compara ya muy favorablemente y, en algunos casos, supera al gasto que hacen diversos países de la OCDE que obtienen mejores resultados en las evaluaciones internacionales.
Pero además alrededor del 94% del gasto educativo público va a parar, justamente, a salarios y prestaciones, los cuales han aumentado consistentemente, y muy por encima de la inflación o de lo que cualquier otro empleado público recibe.
En México el salario de los maestros está por encima del ingreso del resto de las personas: 1.77 veces en primaria y 2.25 en secundaria. Gracias a todo ello, y a la doble negociación salarial del SNTE con los gobiernos estatales, hoy un maestro gana, en promedio, más de 500 días al año y disfruta al menos de 90 días de vacaciones anuales contra una carga de trabajo que consiste básicamente de sus horas frente a grupo.
Lo que la maestra elude —y que nadie se atreve a preguntarle— es que esa economía parasitaria que pervive en la educación pública mexicana oculta el hecho de que, como lo han planteado muchos organismos internacionales, la mejoría educativa no estriba en “gastar más”, sino en “invertir mejor”.
Sugiere la maestra que los padres de familia aporten más. Pues bien, según las distintas encuestas ingreso-gasto de los hogares del INEGI, en 1977 las familias destinaban el 2% de su ingreso a educación; en 2002 el 11% y en 2008 por casi el 13%. ¿Y para qué? Para recibir una educación pública que condena a sus hijos a ser incompetentes en matemáticas, ciencia o competencia lectora, y a México a ser un país de reprobados.
La discusión complaciente es el peor camino para ayudar a mejorar la educación. Lo relevante no es gastar más, sino cambiar la estructura institucional del sistema educativo, introducir fórmulas rigurosas de rendición de cuentas y modificar los incentivos a profesores y escuelas.
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