La controversia en torno a la Ley de Seguridad Nacional y, en general, al papel de los militares en el combate al crimen organizado ha provocado una extraña reacción entre las élites mexicanas expresada en que algunos de sus integrantes, acostumbrados por necesidad, connivencia o precaución a sostener relaciones estrechas con altos mandos del Ejército, han confundido los deberes de la institución militar en un sistema democrático.

Pongamos las cosas de la siguiente manera: la reforma de la mencionada ley (como en su momento deberá ocurrir con el Código de Justicia Militar) tiene la finalidad de dar un soporte legal a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública —lo que es bueno porque le brinda certeza— pero también, en contrapartida, de acotar los abusos que en ocasiones cometen los soldados durante esas tareas y, en su caso, de abrir la posibilidad de que sean sancionados en el sistema civil de justicia penal.

El razonamiento es simple: una violación, por ejemplo, no es un “daño colateral” derivado de un operativo ni es parte del llamado “servicio de armas”; es un delito tipificado en la legislación penal para el que no hay fuero alguno y como tal debe ser juzgado independientemente de que lo haya perpetrado un civil o un militar. Ésa es la lógica de las reformas: habrá más derechos y más obligaciones.

Algunas de nuestras élites, sin embargo, dicen que los excesos son inevitables, insinúan que conviene desentenderse y, en el peor de los casos, la hacen de defensores oficiosos. Para ilustrar ese razonamiento un columnista afirmó hace poco que el secretario de la Defensa Nacional “estaba en total desacuerdo con la ley (de Seguridad Nacional) aprobada en el Senado, ley que rechazó en su imposibilidad jurídica de vetar”. ¿Perdón? ¿Leímos bien? ¿Sugiere que un funcionario público que no tiene facultades para vetar una ley sí la puede “rechazar”, es decir, incumplir? Esto es esquizofrénico.

A ver: el secretario de la Defensa Nacional es parte del Poder Ejecutivo federal, cuyo titular tiene la facultad de nombrarlo y removerlo libremente. Como tal —y como cualquier otro ciudadano— tiene la obligación de apegarse estrictamente a la ley, al margen de la opinión que tenga sobre ella. En un sistema democrático así funcionan las reglas y los militares no están para discutirlas, sino para acatarlas según los principios jurídicos de lealtad, disciplina y obediencia que sujetan a las fuerzas armadas al poder civil.

Pero cuando, desde fuera de ellas, se dice que es tolerable la excepción a esas reglas, significa proponer que es válido brincarse la ley, esto es, vulnerar un componente esencial del estado de derecho, justo el fenómeno que está en el corazón de la inseguridad y la ilegalidad en México.

Se equivocan: el miedo a la delincuencia no es ni debe usarse como pretexto para negociar ni, mucho menos, violar la ley

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