En la mejor tradición corporativa mexicana, ante la carencia de una plena ciudadanía —es decir activa, compuesta por individuos, autónoma y fuerte­, en los últimos años han proliferado como hongos las organizaciones que dicen representarla en lo que parece ser más un síntoma de disolvencia que de construcción ciudadana.

Según el pensamiento convencional, se supone que una ciudadanía de alta intensidad es aquella que registra niveles importantes de participación política y comunitaria, muestra una correlación elevada entre el ejercicio de derechos y libertades y el cumplimiento de deberes y obligaciones, y exhibe una capacidad potente para decidir el destino que quiere para sí y para su entorno.

Pero en el México de hoy no está claro si la que tenemos reúne esas condiciones y, por tanto, lo que se ha producido es una especie de delegación de ciudadanía hacia un sistema informal de mediación que en no pocos casos lucra con esa representación que las circunstancias, más que una elección o un mandato, le han otorgado.

Por ejemplo, las encuestas dibujan una ciudadanía adocenada en donde el 50% de las personas prefiere un gobierno que actúe cuando se necesita aunque no consulte antes de tomar decisiones; el 60% dice que unos “cuantos líderes decididos harían más por el país que todas las leyes y promesas”, y el 57% cree que los ciudadanos prácticamente no tienen ninguna influencia en las decisiones del gobierno”. En otras palabras, tenemos una sociedad civil “tímida, frágil, necesitada”, como la describió hace años el legendario historiador John Womack.

Esa radiografía muestra vacíos que, como en todo fenómeno social, alguien termina siempre llenándolos y, en consecuencia, ha surgido una multitud de siglas, membretes y activistas que dicen hablar a nombre de la ciudadanía y que se han vuelto los interlocutores —aparentemente— válidos ante la autoridad.

Aun cuando es plausible el esfuerzo de hacerse escuchar, el problema es que quienes tienen poder de decisión, especialmente política, saben que esas agrupaciones suelen manejar una agenda propia —más que colectiva— o que carecen de una legitimidad formal, y terminan por cooptarlas o bien por atenderlas, darles visibilidad mediática y acceso, pero sin hacerles caso alguno, con la excepción de algunas organizaciones ambientales o de grupos económicos de presión. Y este resultado es fatal: ni influyen en las decisiones ni ayudan a construir una verdadera ciudadanía.

Mucho mejor sería que, en lugar de seguir corporativizando la ciudadanía, todos ejerciéramos cabalmente el papel de ciudadano en tanto individuos, lo que quiere decir algo muy simple: apegarnos a la ley; exigir derechos y cumplir obligaciones; decir la verdad; votar como nos venga en gana pero votar; criticar; participar activamente en política y en la comunidad, y respetar la diversidad y la diferencia.

Una ciudadanía civilizada se forma por personas concretas y no por masas amorfas integradas en sociedades anónimas.

Se reproduce con la autorización del diario La Razón www.razon.com.mx