La percepción tradicional suele detenerse en los actos de corrupción de funcionarios, políticos o narcos, pero poco en los que cometen empresarios, proveedores o contratistas que surten a los gobiernos de bienes y servicios o que actúan en mercados regulados, como las telecomunicaciones.

Aunque menos visible, sin embargo, esta modalidad puede llegar a ser no sólo escandalosa por sus montos sino también por las enormes distorsiones que introduce a la economía.

El viernes pasado, por ejemplo, BAE Systems, el tercer fabricante de armas en el mundo, llegó a un acuerdo extrajudicial con las autoridades de Estados Unidos y Gran Bretaña mediante el cual pagará 400 millones de dólares de multa por haber sobornado a oficiales europeos y africanos para ganar contratos.

En México por su parte, si bien poco documentada, la incidencia parece creciente.

Una encuesta de KPMG para 2008 calculó el problema y encontró que el 44% de las empresas que operan en el país reconoce haber realizado algún pago extraoficial a servidores públicos, principalmente a nivel municipal aunque a escasa distancia de las esferas federal y estatal, y dicen destinar un 5% de sus ingresos anuales al reparto de sobornos. Más aún: más del 60% de los encuestados cree que esta variante de la corrupción aumentará o se mantendrá en el corto plazo.

Y es probable que tengan razón porque la expansión del gasto público combinada con el maravilloso ingenio mexicano siempre encuentra la forma de “bordear” eficazmente las reglas a la hora de asignar una obra de infraestructura vial, de adquirir despensas, mobiliario escolar y equipo de cómputo, de otorgar una licencia de construcción o de funcionamiento, o de obtener una concesión para manejar algún servicio público.

El pensamiento convencional supone que para neutralizar y curar la enfermedad bastan códigos de ética o más controles, más leyes y más fiscales y auditores. La experiencia internacional sugiere que no necesariamente es por allí.

Parte del problema deriva de que, por un lado, las autoridades tienen el monopolio de la firma (es decir, son los únicos que personal y discrecionalmente autorizan o no una solicitud del particular y gestionan el trámite) y por tanto encarecen su precio; no es casual que ésta sea la fuente más elevada de los sobornos diseminados por las empresas en México. Y por otro son de tal dimensión y complejidad las regulaciones en las tres esferas de gobierno que no solo resulta más barato “aceitar” la maquinaria burocrática sino que a veces es la única opción para que algo funcione.

Por supuesto que es muy vieja la discusión cultural e histórica acerca de las raíces de la corrupción y sería ideal que el camino correctivo fuera el de la educación y la ética. Pero eso tomará mucho tiempo y la exigencia de tener un crecimiento sostenido, en buena medida inhibido por la corrupción, y sus beneficios —empleos de calidad y bienestar no puede esperar

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