A caballo de las discusiones sobre la legalización del aborto o los derechos de los homosexuales se ha propuesto nuevamente incorporar a la Constitución, de manera explícita, la definición de que México es una República laica. Más allá de si es el “Estado” o la “República”, y aunque a estas alturas debiera ser una cuenta histórica saldada, parece necesario, en efecto, ratificar que el laicismo es, nada más pero nada menos tampoco, la mejor garantía de convivencia libre y civilizada que el país puede darse.

Partamos de la idea de que, por un lado, la larga pedagogía de la Reforma y de la Revolución logró hacer compatible en el imaginario mexicano la práctica religiosa individual con la idea de rechazar, como muestran diversas encuestas, la participación del clero en política o el uso del púlpito para hacer propaganda partidista.

Pero, por otro, no son ahora los ciudadanos sino los políticos quienes, con ganas de obtener rentabilidad electoral y mediática, han tejido intensas relaciones y complicidades con las jerarquías eclesiásticas, de donde han derivado acuerdos coyunturales que lo mismo se expresan en votos en los Congresos locales y en la asignación indebida de recursos presupuestales que en la disposición selectiva de espacios públicos para fines religiosos o en la promoción personal de esos mismos actores.

Esta práctica, en la que incurren con frecuencia personajes de todos los partidos, sin excepción, efectivamente desdeña el principio sobre el que se funda el laicismo y supone una contradicción que con la propuesta de elevarlo a rango constitucional difícilmente será resuelta. Mucho mejor camino sería, al menos mientras pasa una reforma constitucional, que tanto los legisladores como los partidos nacionales establecieran un código de comportamiento de sus figuras más protagónicas acerca de esta cuestión, y, más importante aún, que el laicismo se internalizara como un valor social indispensable.

Es verdad que en política no son abundantes los principios ni los escrúpulos. Pero en la medida en que nuestros políticos entiendan que el establecimiento del laicismo es una forma de asegurar la convivencia civilizada de distintas culturas y de respetar la pluralidad de credos verán que también fortalece al estado que gobiernan —o quieren gobernar— en tanto sea capaz de defender la independencia y la libertad de conciencia de todos los individuos y en todos los ámbitos.

México necesita construir un espacio común donde todos quepan, porque la tendencia a la exclusión de lo diferente lesiona gravemente el tejido social y, peor aún, puede volverse en contra de quienes la ejerzan. Ésta es una vieja lección de la historia que los mandarines de hoy debieran aprender y valorar.

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