Las alianzas son una expresión de la lucha por el poder y, en ese sentido, admisibles. Pero de allí a deducir, como lo hacen sus valedores, que producirán gobiernos más democráticos, menos caciquiles o más modernos, hay una distancia abismal y una ignorancia supina acerca de cómo funcionan en México las redes e instrumentos de la política regional.

Para empezar, desde la segunda mitad de los años ochenta, el gobierno federal, con la activa complacencia del Congreso de la Unión tiempo después, empezó a enviar, sin ton ni son, crecientes recursos, competencias y facultades a los estados y municipios sin haber diseñado previamente un modelo de desarrollo regional que orientara correctamente la dirección del gasto público, definiera las prioridades estratégicas, creara un mecanismo positivo de incentivos y de productividad o un esquema de evaluación de resultados concretos.

De 1990 a 2008, por ejemplo, las participaciones a los estados pasaron de 20 mil millones de pesos (mmdp) a 423 mmdp, las que, sumadas a otras transferencias federales de recursos o en obra directa, alcanzan ya más de 940 mmdp. Como el que nunca ha tenido y llega a tener loco se quiere volver, la tradicional desnutrición local se vio congestionada por un banquete de dinero federal nunca antes visto y creó, por consecuencia, incentivos perversos para dilapidarlo alegremente. Un botón de muestra: de acuerdo con el IMCO, con cifras del INEGI de 1990 a 2007, el gasto público total en estados y municipios creció 147% y 150%, respectivamente, y la mayor parte fue para engordar la burocracia.

La combinación de mucha plata, opacidad y discrecionalidad abundantes, ausencia de planeación estratégica, nuevas facultades, pocos contrapesos y una extraña noción de soberanía, sentó las bases para que no pocos gobernadores y alcaldes hayan convertido sus territorios en mandarinatos y, como tales, ejerzan un control político pleno cuyos tentáculos abrazan a los diputados, el Poder Judicial, los medios y los partidos de oposición, pero cuyos resultados en términos de crecimiento, competitividad o equidad han sido, con algunas excepciones, decepcionantes. Y esto ha ocurrido en estados y municipios con gobiernos del PRI, del PAN y del PRD.

Si, según Michel Rocard, gobernar es presupuestar, la conclusión lógica es que no se trata entonces de un problema de partidos, sino, con puntualidad, de modelo presupuestal, de arquitectura política, de instituciones deficientes, de pactos y complicidades entre fuerzas locales heterogéneas y de débil cultura ciudadana, y esto no se resuelve tan sólo con suponer que las alianzas van a procrear hijos más democráticos, más transparentes o más modernos por el simple hecho de provenir de otras siglas, o que, de pronto, estarán exentos de sucumbir a la tentación de operar los distintos resortes que da el poder regional.

Las alianzas son, es cierto, un instrumento de lucha política. Pero es irracional e ingenuo afirmar que de ellas saldrán, automáticamente, los nuevos héroes del buen gobierno

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