En los últimos años se han venido produciendo, de manera paralela, dos procesos vinculados con el papel que juega Elba Esther Gordillo y el SNTE en la gestión educativa.

Uno consiste en que el nivel de desprestigio de la dirigente sindical y los costos negativos de la relación viciada con el SNTE, han alcanzado una dimensión elevada y parecen estar creando una atmósfera de presión pública lo suficientemente tóxica como para que la autoridad no pueda permanecer indiferente.

El otro es que, al mismo tiempo, la diversificación de los servicios y las redes de control de la maestra son hoy de tal complejidad que llegará el momento en que el presidente y los gobernadores tendrán que elegir entre dos alternativas: mantener la alianza con el SNTE a costa de la educación o reformar radicalmente la gestión educativa a costa de enajenarse la utilidad política y electoral de ese pacto. Veamos.

Desde el punto de vista formal, hay un menú de posibilidades de cambiar el modelo de relación SEP-SNTE que van desde modificar de raíz el contrato vigente, como ha sugerido recientemente Gilberto Guevara Niebla y otros, hasta transformar la Ley General de Educación, el reglamento del apartado “B” del artículo 123 constitucional, las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la SEP, la obligatoriedad de las cuotas sindicales o la descentralización del régimen laboral, entre otras cosas.

El gran problema es que todos esos cambios serían explosivos, fuente de conflicto grave con el SNTE y significarían el fin de una relación que hasta ahora, dentro de una valoración estrictamente política, ha sido muy rentable para los gobernantes. Y éste es el obstáculo central para impulsar reformas educativas de fondo porque esa es la lógica —la lógica de la ganancia de corto plazo— con que operan los políticos.

La maestra no sólo supone, en teoría, control sindical y paz en el sistema educativo federal y estatales; también ofrece complicidades en el financiamiento de campañas, en la integración de candidaturas o en la aportación de rendimientos electorales marginales (pero a veces decisivos) en contiendas cerradas. Nueva Alianza, por ejemplo, el partido que ella y su organización crearon, fue en coaliciones variopintas en las elecciones estatales de julio pasado y, técnicamente, ganó ocho gubernaturas, 29 ayuntamientos y 78 diputaciones locales.

Permutar esta realidad pura, dura y pragmática por otra que conlleva emprender una estrategia gradualista de modificaciones legales y administrativas que mejoren la gestión educativa y promuevan la calidad de lo que aprenden los estudiantes mexicanos, y que además será inevitablemente violenta, prolongada y desgastante en lo político, probablemente no constituya un incentivo demasiado poderoso en el cálculo de quienes lo único que quieren es ganar las siguientes elecciones.

Reemplazar el actual liderazgo del SNTE, rescatar la conducción de la política educativa y cambiar el esquema legal y funcional de la gestión, son sin duda prioridades nacionales urgentes.

Pero el camino, sin duda, es otro.