El hipotético triunfo del PRI en las elecciones de 2012 provocará varias bajas en el universo público mexicano, una de las cuales puede ser la de esa porción de intelectuales y académicos que ve con horror tal posibilidad porque la legitimidad que por años brindaron a distintos gobiernos ya no es una ventaja en el escenario de una nueva alternancia democrática. Me explico.

De manera habitual durante el reinado del PRI, el Estado vio en la atracción de los intelectuales una forma de lograr cierta legitimidad que atenuara la percepción de los excesos del monopartidismo y la falta de una democracia homologable según la tradición occidental. Los intelectuales, por su parte, encontraron en esa una zona “aséptica” de relación con el Estado porque significaba gozar de las ventajas de la cercanía en un terreno más o menos decoroso, pero sin los costos de una alianza explícita con los gobiernos del PRI ni menos de una lucha política abierta.

La razón esgrimida por muchos de ellos —estética más que ética— era que el trabajo de ciertas áreas de la administración podía entenderse como “políticas de Estado” y no como acciones del sexenio en turno, y eso ofrecía un capelo moral para los beneficiarios, pero sobre todo preservaba su virginidad ideológica y su espacio político.

Unos se fueron rotando en cargos en organismos públicos del sector educativo, cultural y diplomático, y alguna que otra senaduría, diputación o gubernatura. Otros no tuvieron o no aceptaron responsabilidades formales, pero disfrutaban de asesorías para redactar discursos, becas generosas, homenajes nacionales, ediciones de lujo de sus obras, exposiciones, patrocinios publicitarios y para proyectos de investigación, cenas y veladas literarias, y acceso a las mieles, secretos y chismes de la corte. En este reparto de privilegios, en ocasiones pesó más el oportunismo del Estado que la calidad de la creación.

Tras la alternancia del 2000 y, de hecho, desde 1994, cuando concluye el gobierno de Salinas —la última presidencia seductora—, esa legitimación del régimen se volvió innecesaria —Zedillo despreciaba a los intelectuales, éstos a Fox y Calderón no los necesitaba— y la política de seducción, transformada ahora en distribución de cuotas partidistas, se refugió en los organismos autónomos de Estado (IFE, CNDH, IFAI, por citar algunos), en alguna posición federal de segundo nivel o gobierno local generalmente priista, y en algunas universidades públicas.

Los que no alcanzaron acomodo, se desplazaron hacia los medios desde donde su cruzada ha sido, por ejemplo, insistir en una reforma política —fallida antes de nacer—, combatir al gobierno en turno —que ya va de salida— o impedir el regreso del viejo partido, que parece estar en plena recuperación.

De ocurrir esto último, en un contexto donde los actores políticos están acostumbrados a no hacerle caso y donde ganar una elección sea producto de una competencia legal, esa porción de la intelectualidad pública afrontará, de nuevo, el dilema de cómo encajar con un partido al que le habían entonado el réquiem.