Cada año es la misma historia. El Ejecutivo propone una cifra para el gasto público en educación; los legisladores dicen estar receptivos a las demandas de rectores universitarios y del sindicato magisterial, y al final negocian una que otra reasignación para que todos queden contentos. Excepto, desde luego, la calidad y los resultados escolares.

México gasta como nunca antes en educación. Décimas más o menos, la proporción del PIB que se destina a este sector, incluyendo recursos públicos y privados, ronda alrededor del 6.5 por ciento, un nivel ya parecido al de otros países que tienen mucho mejores rendimientos en las evaluaciones internacionales.

Los maestros de educación básica siguen obteniendo, gracias a la doble negociación que el SNTE realiza con los gobiernos federal y estatales, salarios y prestaciones crecientemente por encima de los que reciben el resto de las personas económicamente activas en el país, sin haberse establecido, hasta la fecha, mecanismo alguno de rendición de cuentas que ate el dinero que ganan a indicadores de calidad o que fije techos salariales en beneficio de las finanzas estatales.

Más del 94% del presupuesto educativo va a gasto corriente y otros dos o tres puntos a gastos de administración lo que deja nulo margen para inversión en otros renglones asociados a la calidad, la innovación o la capacitación sofisticada de los docentes.

Y los resultados, como es bien sabido, son un verdadero desastre.

Prácticamente todos los organismos internacionales —ONU, OEI, OEA, OCDE, entre otros— han llegado a la misma conclusión: mientras la gestión educativa siga secuestrada por el sindicato magisterial tanto en áreas clave de la SEP, como en las normales, los cuerpos de supervisores, las direcciones de las escuelas y las dependencias estatales responsables de la educación, el fracaso escolar será aún más grave, y corrosivos los efectos sobre el bienestar, la productividad, la competitividad y el crecimiento del país.

Hoy, por ejemplo, hay países, como Chile, donde las empresas ya no sólo preguntan de qué universidad provienen los candidatos a ser contratados, sino también en qué escuela primaria o secundaria estudiaron. ¿Alguien se atrevería a emplear a un muchacho que pasó por una de las miles de escuelas controladas por el SNTE? Obviamente no.

Pues bien, lo más irritante es que, ante una realidad dura y documentada, los diputados hayan sido nuevamente incapaces —por temor o irresponsabilidad— de incluir en el presupuesto de egresos del año próximo reglas de operación distintas, que cambiaran de manera drástica la forma en que es ejercido el gasto educativo y, más aún, la gestión de un sector que es el de mayor significación estratégica para México en el largo plazo.

Una omisión de tal naturaleza es moralmente vergonzosa, políticamente cómplice y económicamente suicida.