Ocupados en el reparto del botín presupuestal, los legisladores insisten en hacerle creer a los ciudadanos que, en nombre de la democracia, su papel se reduce a reasignar partidas y beneficiarios para incentivar el crecimiento económico.

En realidad es una doble tomadura de pelo: ni el presupuesto ha servido para ello, pues el crecimiento de la última década ha sido notablemente mediocre (1.8% promedio anual), ni ha producido mayor eficacia en términos de políticas públicas. Basta ver ejemplo de las cárceles.

Desde hace tiempo, el gobierno federal ha prometido construir 12 nuevos centros penitenciarios “bajo un modelo de prestación de servicios con participación del sector empresarial”. Pero ni la Secretaría de Seguridad Pública federal ni los diputados se han esmerado en traducir esa idea en un concepto innovador ni se ha incluido, como tal, en las partidas presupuestales.

Este año, por lo visto, incurrirán en el mismo error de dotar al sistema penitenciario de varios miles de millones de pesos, sin preguntarse primero si el modelo vigente debe ser transformado radicalmente. Es echar el dinero en saco roto antes de remendarlo o, de plano, reemplazarlo.

Un reporte reciente del Tecnológico de Monterrey documentó la situación con datos que, vistos en conjunto, son aterradores. Lea usted.

Unas 916 bandas de extorsionadores operan desde los centros penitenciarios del país. Sus intervenciones representan el 95% de las extorsiones totales, las cuales les reportan un ingreso estimado de 78 millones de pesos anuales. En promedio, desde 2001 se han intentado 5,420 extorsiones diarias provenientes de los penales. Sin embargo, dicho promedio se ha visto superado en los últimos años, y durante 2009 se intentaron 6,179 extorsiones diarias.

Según la CNDH, en el 71.9% de las entidades federativas no se da una adecuada clasificación de internos entre procesados y sentenciados tanto del fuero común como del federal. Las estadísticas permiten apreciar dos tendencias: mientras la sobrepoblación relativa alcanzaba el 52.2% en 1990, para 1994 el sistema mostró signos de baja ocupación, y a partir de ese año el crecimiento de la población penitenciaria aumentó nuevamente superando el crecimiento de la capacidad instalada, lo que arrojó una sobreocupación del 32.8% para finales del 2009.

Más aún: entre 20 y 25% de las cárceles son controladas bajo un régimen de autogobierno, es decir, los propios internos, usualmente con violencia, administran las instalaciones y realizan las actividades principales, entre ellas, cobrar peaje a los familiares de los reclusos. En 2009, por ejemplo, las familias del 51% de los internos en reclusorios grandes pagaron para entrar al penal, y seis de cada diez familias pagan para llevarle comida y ropa al interno.

En suma: la autoridad institucional, por omisión o complicidad, ha desaparecido del sistema carcelario del país.

Suponer que este microcosmos de la delincuencia organizada y la miseria humana se resuelve construyendo penales con el mismo modelo es un gravísimo error del que el gobierno es consciente y el legislativo por completo indiferente.