La sugerencia de que la mejor evidencia del cambio histórico que los gobernadores entrantes de Oaxaca y Puebla pueden representar es encarcelar a sus antecesores parece típica de la simplificación intelectual que invade el comentario político de estos días. Como las cosas suelen ser algo más complejas, el punto merece ser analizado en una perspectiva razonable.

Por más bajo que hayamos caído esto no es, al menos no todavía, Venezuela o Zimbabue. Por ende, en la insinuación de que esos nuevos mandatarios deben guillotinar a los que se van, subyace, en primer lugar, un tufillo autoritario que supone que basta la voluntad de una persona para obviar la separación de poderes o el debido proceso judicial al que incluso dos ejecutivos impresentables e indefendibles, de estar en esa hipótesis, tendrían derecho.

Más aún: no deja de ser un poco extravagante centrar los dardos sólo en los casos de Ulises Ruiz y Mario Marín y dejar sigilosamente de lado otros como los de Zacatecas, donde el nuevo gobierno ha acusado reiteradamente de corrupción al anterior, o el de Aguascalientes, que navegó los seis años en medio de un abuso de poder profundamente escandaloso.

Pero, en segundo lugar, este tipo de estímulos suele producir en política incentivos perversos, pues hace creer que la calidad de un gobierno se reduce a poner tras las rejas a dos adversarios, cuando en realidad lo que la gente espera de sus gobernantes, más aún en experiencias inéditas como las que simbolizan Gabino Cué en Oaxaca o Rafael Moreno Valle en Puebla, tiene que ver con un conjunto muy amplio de bienes públicos concretos, uno de los cuales es ciertamente el establecimiento de un pleno estado de derecho como sistema y como cultura, y no como vendetta.

Lo que quieren poblanos y oaxaqueños de sus nuevos gobernantes es que hagan gobiernos y políticas públicas suficientemente inteligentes y efectivas como para lograr crecimientos económicos del 7% anuales; generar empleos permanentes, productivos y bien pagados; elevar el ingreso per cápita a los niveles de Coahuila o Querétaro; llevar a sus estados a las diez primeras posiciones en los índices de competitividad y de desarrollo humanos, y no condenarlos a permanecer en las últimas.

Como arrojar estos resultados requiere visiones conceptuales más sofisticadas y acciones políticas claramente medibles, entonces es más sencillo evaluar a los gobernantes por decisiones que alimenten al populacho aunque no repercutan en su bienestar. En buena medida, esa tentación tan arraigada de gobernar para la galería es lo que ha inhibido mejorar la calidad de la gestión pública.

México en general, y esos dos estados tan brutalmente empobrecidos, merecen algo mucho mejor que la venenosa política del rencor y la venganza