Durante estos días de visita a España, más de alguno le habrá recordado al Papa Benedicto XVI que el sacerdote Santiago Oriol, miembro de una de las familias más conservadoras de la aristocracia franquista, y de las que acogieron y patrocinaron más activa y generosamente la fundación de la Legión de Cristo en España, decidió abandonar recientemente la congregación en probable respuesta a la operación con que El Vaticano pareciera estar encubriendo a los altos directivos que Marcial Maciel impuso en el control de esa organización.

El asunto no es menor para el futuro de la institucionalidad eclesiástica, ni se trata solo de un doloroso conflicto de conciencia. Tiene otras vertientes, en cierto modo contradictorias entre sí, sobre las que es importante reflexionar.

La primera es la posibilidad de que la crisis derivada de los abusos cometidos por numerosos sacerdotes tenga una dimensión muchísimo más profunda que los escándalos conocidos hasta ahora, y amenace no solo con un problema, más grave aún, de integridad y de credibilidad a la iglesia, sino que pueda tener otras repercusiones inmanejables en el terreno legal y, sobre todo, financiero.

En ese sentido, como bien lo sugiere el elevado costo de los distintos arreglos pecuniarios extrajudiciales en Estados Unidos o Irlanda, sostener en el gobierno legionario a quienes durante años conocieron y administraron los abundantes recursos que Maciel recaudaba —en especial Alvaro Corcuera y Luis Garza Medina— parecería ser una decisión racional por un tiempo porque sólo ellos saben, además de las intimidades del fundador, cómo se hizo la ingeniería financiera y cómo es factible, desde el punto de vista legal y fiscal, desmontarla y, eventualmente, disponer de ese fondo valuado en miles de millones de euros.

Defenestrar a ambos en este momento, en que hay una enorme tensión interna por este tema, le impediría al Vaticano operar una intervención detallada, efectiva y completa de las finanzas de la congregación.

Pero esta misma lógica, en segundo lugar, pone en contradicción el discurso de el Papa en torno al hecho de los abusos. Hace cinco años fue el propio Ratzinger quien denunció alarmado la “suciedad en la iglesia y entre los que, por su sacerdocio, deberían estar entregados al Redentor”.

Hoy, en cambio, una vez abierta la caja de Pandora, el Papa se enfrenta a un complicado dilema en el que, por un lado, hay una necesidad de congruencia moral pero por otro existe el imperativo de que esa “suciedad” permanezca bajo la alfombra para evitar una crisis mayor como la que, de algún modo, simboliza la separación del padre Oriol.

Es desde luego difícil prever cómo terminará esta disputa política, financiera e institucional, pero tomar el control pleno de la congregación exigirá al Vaticano guillotinar, sin escarnio y en silencio, a quienes cohonestaron, por comisión u omisión, los delitos de Maciel.