En su extraña inferencia de que la llamada desunión familiar genera mala educación, el secretario de Educación, Alonso Lujambio, mostró que tiene un serio prejuicio con la noción de, cito literalmente, lo que entiende por “la familia como tal”.

Hay evidencia creciente de que los diversos cambios demográficos, laborales, urbanos o, simplemente, la libertad de elección, están creando nuevos patrones de configuración mediante la constitución de las llamadas familias diferentes como son las no nucleares, donde vive ya el 33% de la población mexicana, o las integradas con experiencias de pareja previas, las derivadas de uniones entre personas del mismo sexo o, más aún, las familias monoparentales que ya alcanzan el 18% del total de los agrupamientos en México. Y en otros países con mucho mejor desempeño escolar estas familias diferentes (los países nórdicos, por ejemplo) son cada vez más frecuentes.

Todas estas modalidades ¿no son “familias como tales”? Y, por tanto, siguiendo el hilo de Lujambio ¿son las responsables del fracaso escolar de sus hijos o de la mala calidad educativa? La deducción es insostenible y excluyente. Es verdad que un mayor apoyo de padre, madre u otro miembro de la familia puede ayudar al éxito escolar, pero en este caso no es la “familia como tal” sino el tiempo y la dedicación de uno o más de sus integrantes.

Y finalmente, lo más alarmante de la posición del secretario de Educación, es su intento de repartir culpas y responsabilidades para vacunarse cuando su gestión sea examinada o, peor aún, para ocultar las razones de la crisis educativa.

A estas alturas, y Lujambio lo sabe bien, hay un consenso dentro y fuera de México de que las causas de la mala calidad educativa, de los pésimos resultados en las diversas mediciones y pruebas, de la estafa en que se ha convertido la educación básica que se provee a los niños mexicanos no es “la familia”.

Es la falta de rendición de cuentas por parte de los maestros; es la inexistencia de un proceso riguroso de selección y evaluación de los docentes; es la carencia de certificaciones y acreditaciones externas que califiquen la gestión educativa y permitan corregir las cosas; es el derroche del 96% del presupuesto educativo público en gasto corriente; es la bajísima rentabilidad social y productiva de los más de 5 puntos del PIB nacional que se destinan al gasto público en este sector; es el secuestro de la SEP y sus equivalentes estatales por parte del SNTE; es la complicidad de los gobiernos con la presidenta de ese sindicato a cambio de no padecer manifestaciones callejeras y de recoger pocos votos pero útiles; es la connivencia en el manejo de los comisionados sindicales, las plazas y el escalafón, entre otras muchas cosas.

Allí están las raíces del desastre educativo.