Mediante un eficaz montaje mediático y publicitario, la Fundación Teletón ha lanzado desde hace años una vasta convocatoria de recaudación de fondos privados y públicos para construir y operar centros de rehabilitación para menores que padecen alguna discapacidad.

En la actualidad administra 15 establecimientos en el país con una capacidad de atender a 70 mil usuarios. Adicionalmente, una porción de esos fondos es redistribuida bajo la forma de donativos a otras instituciones (hasta la fecha, según su página web son 447) que, presumiblemente, se dedican a actividades similares a las de la fundación.

En general, no hay duda de que la causa es buena por sí misma, como también es cierto que tiene beneficios fiscales para donantes y patrocinadores, y en algo ayuda a la reputación corporativa de las empresas que participan, así como a la imagen de los políticos y gobiernos que igualmente aportan fondos en efectivo y en especie a la fundación.

Por tal razón, sería una oportuna iniciativa en favor de la legitimidad y de la credibilidad que en la próxima edición del Teletón se emitiese también un informe completo, minucioso, verificable y público del manejo financiero de dicha fundación, en especial porque hay una parte que procede de recursos públicos, es decir, del contribuyente, y éste merece, en consecuencia, saber en qué y cómo se han gastado sus dineros.

Los centros de rehabilitación que opera la fundación tienen principalmente cuatro fuentes de ingresos: los derivados del evento anual de recaudación, los terrenos que los gobiernos estatales les donan (y ocasionalmente diversos apoyos durante la construcción), los subsidios anuales que los propios estados les asignan para el mantenimiento de los centros —en algunos casos hasta por diez años—, y a las cuotas de recuperación, entre otros.

A pesar de que todo ese flujo representa un importantísimo monto de recursos, no existe información pública de la forma como se manejan, lo cual, aunado a las fobias contra alguna de las empresas patrocinadoras de la fundación, ha generado dudas respecto de la transparencia con que se conduce este proyecto, que conviene desde luego despejar con toda puntualidad, al menos por tres razones.

Una es que la actividad a que se dedica la fundación es, ciertamente, plausible. Otra es que en su financiamiento están involucrados recursos públicos. Y una más es que el desarrollo de la filantropía no sólo es bueno sino indispensable para aumentar el capital social de una nación y elevar la confianza interpersonal, como lo prueba una amplia evidencia internacional.

Para que ello ocurra es necesario, desde luego, blindar estas actividades de distorsiones o desviaciones, mediante controles oportunos y eficientes, proporcionando más información y promoviendo más transparencia.