Hay un fenómeno peligroso al que nos hemos venido acostumbrando, en cierta medida por pereza periodística y académica, que consiste en reducir la vida pública a los escándalos y mezquindades de sus protagonistas, sin explorar ni revelar las causas que los motivan o bien sin llamar a cuentas a los políticos por las cosas de que son responsables.
No se trata, desde luego, del infantilismo de pedir que también se digan las cosas buenas, no. Hay que documentar y reportar las malas, que son muchas, pero que sean las de fondo, las realmente decisivas para un país.
Por ejemplo, este año hay doce gobernadores que concluyen su período y casi nadie se ha tomado la molestia de evaluar a detalle y con datos duros el balance integral de su gestión.
Que si a uno lo expulsaron de su partido, que si otro pidió un préstamo millonario tras la derrota de su candidato, que si alguno más está blindando a su tesorero. Todo ello, y más, puede ser cierto, pero no refleja si hicieron gobiernos profesionales y competentes, ni cuáles fueron los resultados concretos, tangibles y medibles que alcanzaron.
Las dirigencias de los partidos y los legisladores, tan ocupados a veces en encubrir a sus aliados, debieran ser los primeros en introducir mecanismos políticos de rendición de cuentas que muestren qué clase de gestión hicieron, entre otras cosas para marcarles a los que entran ahora un patrón con el cual medirlos dentro de seis años.
Hay al menos cinco criterios esenciales para evaluar la capacidad y la calidad de una gestión.
El primero es cuánto creció la economía de esos doce estados, porque es el indicador clave del que derivan casi todos los demás, entre los cuales qué tan bien invirtieron los recursos públicos y qué tan eficaces fueron las políticas instrumentadas.
El segundo es qué tanto aumentó su aportación al producto interno, pues permitiría saber si la economía estatal creció por encima de la nacional y si generó mayor valor agregado.
El tercero es cuánto empleo se creó y aquí hay que hilar fino. Una cosa es el empleo mediocre e improductivo, donde da lo mismo su nivel salarial o su temporalidad, como ocurre con las cifras que da el gobierno federal, y otra muy distinta el empleo con adjetivos, el que hace competitivo a un país, es decir, permanente, bien pagado, calificado y productivo. Éste es el tipo de empleo que mejora el nivel de vida y el bienestar de una población.
El cuarto es identificar cuánto mejoró el ingreso por persona, en términos reales, en cada una de esas entidades, y cuánto se redujo la brecha de la desigualdad. Y finalmente cómo se movió, en los reportes nacionales, la posición competitiva del estado.
En conclusión, si el movimiento se demuestra andando, el balance de una gestión no es la popularidad o la imagen de su titular. En política lo que cuenta son los resultados, pero estos resultados.
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