Desde luego que la probable corrupción de un funcionario importante de la CFE que habría aceptado escandalosos sobornos de la proveedora suiza ABB —que ya en el pasado anduvo metida en estas trampas— es parte de la espesísima sospecha que, desde hace varios años, existe sobre la transparencia con que se conducen las adquisiciones y licitaciones en las empresas públicas mexicanas.

Pero es sintomático que el fenómeno de la corrupción corporativa parece también extenderse, alegremente, en las empresas privadas.

Hace poco, por ejemplo, la firma KPMG divulgó su Encuesta de Fraude en México 2010, y los hallazgos son notables.

Para empezar, la incidencia mexicana en este aspecto, donde 8 de cada 10 empresas admiten haber sido víctimas de cuando menos un fraude, es de las más altas en América Latina; en Uruguay son sólo 3 y en Chile 4. En el último año, los latrocinios cometidos por empleados pasaron del 60 al 77%.

De cada 100 ilícitos, 15 los realizaron altos directivos, 54 personal operativo y 31 gente de nivel gerencial. Pero el valor económico fue inverso: 51% de lo obtenido se lo llevaron los mandos superiores, los cuales tienen entre 35 y 50 años de edad, suelen llevar entre 10 y 15 años laborando en la empresa y el fraude promedio cometido por estos directivos es de 3.3 millones de pesos cada uno. En general, cuando se trata de fraudes externos, la cadena de la corrupción la integra un empleado asociado con un proveedor o un cliente.

Y, según el estudio, las cosas empeoran. Mientras que para el 2008 el daño económico anual estimado de fraudes para el sector privado en México fue de 900 millones de dólares, al año siguiente la cifra aumentó a 1,400 millones. Más aún: 52% de las empresas percibe un mayor riesgo de padecer un fraude en los próximos doce meses, dato que contrasta con el 13% reportado en 2008.

Pues bien, si esto pasa en empresas que se supone responden a una lógica de negocio privado donde hay que obtener utilidades o rendir cuentas a los accionistas y en las cuales, teóricamente, los sistemas de control y supervisión funcionan, imaginemos lo que ocurre en las empresas estatales cuyo sistema corporativo de rendición de cuentas sencillamente no existe, al menos no en un sentido amplio, y donde un funcionario puede tomar una mala decisión de inversión —legal, pero que puede costar cientos de millones de dólares— sin que nadie lo sancione o hacer una trampa con un contrato de obra o de proveeduría, confiando en que la probabilidad de que lo pesquen es relativamente baja.

Más allá de retórica nacionalista o ideológica, es urgente pasar por la báscula a las empresas públicas mexicanas. Quizá el yate, el auto o el efectivo del funcionario de CFE sean una golondrina que sí hace verano.