A estas alturas del sexenio parece obvio que, desde la perspectiva de un ejercicio estructurado de gobierno o al menos en la intención de sacar adelante algunas reformas estructurales, el presidente Calderón ha preferido centrarse ya exclusivamente en el combate a la inseguridad y en la operación para dificultar un eventual regreso del PRI a la presidencia. Visto con pragmatismo, su cálculo es racional y explicable.

En primer término, una revisión rápida de las diversas políticas públicas sugiere que durante el resto del período presidencial varias de ellas van a evolucionar en mayor o menor medida con las inercias adquiridas, y no hace falta ya que el Presidente les dedique una especial concentración. Pongamos tres ejemplos.

En la parte macroeconómica es evidente que, siguiendo la tradición de las últimas dos décadas, ha habido un manejo eficiente y prudente para garantizar estabilidad; la emisión del bono a 100 años y la sensatez del equipo de Hacienda parecen indicar que no habrá sobresaltos en los próximos dos años.

En educación todo indica que, una vez más, este gobierno, como otros anteriores, ha rendido la plaza; no habrá mejorías sustantivas ni se romperá el cacicazgo del SNTE. Y en materia de crecimiento, lo que pase o deje de pasar será consecuencia de lo que suceda tanto en la economía internacional como en la eficacia con que funcionen los motores de la exportación, la innovación y la competitividad y buena parte de éstos depende de las empresas, y no del gobierno.

Por exclusión, entonces, las cartas fuertes de Calderón seguirán siendo la seguridad y, más intensamente, la disputa con el PRI.

Calderón ha tomado la estrategia contra la delincuencia como una cruzada personal. Sabe bien —y la cantidad de foros, encuentros, declaraciones y desafíos verbales lo confirma— que ha sido la mayor apuesta de su gobierno y que, al final, el asunto crucial por el que será evaluado será ése. Por ende, es perfectamente lógico que pretenda legar, al menos en la percepción, un balance relativamente plausible.

Pero, a continuación, el hipotético retorno del PRI a Los Pinos es ideológica y casi genéticamente inadmisible para quien se asume, en el fondo, como el primer presidente realmente panista, con toda la carga histórica y cultural que ello supone. Calderón no es un luchador por la democracia en el sentido romántico del término, sino un político, es decir, un hombre de partido y de poder.
Y para alguien con esa estructura devolver la presidencia a quienes representan todo aquello por lo que él y su partido dicen o creen haber luchado no es una derrota electoral, es una traición a sí mismo.