El episodio más reciente del conflicto entre el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara no es sólo un pleito más entre un gobernador impresentable y un cacique indefendible. Es la evidencia palpable del modelo purulento y corrompido con que, crecientemente, operan algunas universidades públicas y de la carcomida relación de éstas con los gobiernos en materia de financiamiento y con los contribuyentes en cuanto a una verdadera rendición de cuentas.

La primera distorsión es que con todo y que la de Guadalajara es la segunda universidad pública más grande del país, los logros que presume bajo los indicadores con que la burocracia de la SEP dice medir el rendimiento académico no se traducen en una aportación efectiva al crecimiento o la competitividad de su estado.

Un ejemplo: en las evaluaciones de competitividad del COLEF/UABC, ITESM e IMCO, en las que se supone juega un papel principal la formación de recursos humanos o la investigación que hace, la UdeG Jalisco ocupa las muy mediocres posiciones 9, 13 y 14 a nivel nacional, respectivamente. Otro: el PIB per cápita de los jaliscienses es 5.2% menor al promedio que generan los mexicanos. Y uno más: el crecimiento de la economía estatal, en el último año con datos disponibles, ha sido menos de la mitad del promedio nacional.

Si la UdeG dice ser tan buena y merecer, por tanto, más plata, ¿dónde está su contribución concreta a la mejoría sustantiva en el nivel de vida de los jaliscienses?

La segunda característica es, todavía, más pedestre: lo que este enfrentamiento exhibe es no solo la enfermiza adicción pecuniaria de quienes manejan a su antojo esta universidad, sino la tremenda falta de instrumentos —más allá de los contables— para saber, de manera detallada, documentada y puntual en qué gastan, y con qué resultados concretos, el dinero de los contribuyentes.

Es cierto que el cacicazgo de la institución ha probado ser altamente efectivo en mantener bien lubricado un clientelismo de cuello blanco —entre periodistas, partidos e intelectuales en especial— que dificulta realizar un escrutinio integral de los intestinos universitarios, pero de allí a envolverse en la bandera de que la no entrega de los recursos “vulnera” el futuro de la educación superior estatal hay una distancia abismal.

Y la tercera reflexión es que otros rectores, la ANUIES y la SEP —que por cierto fueron muy diligentes en respaldar a las autoridades de la UdeG pero callaron alegremente ante las denuncias documentadas de la grave corrupción en la Universidad Autónoma de Puebla— están obligados a aprovechar episodios como éste para preguntarse si realmente le están sirviendo a un país estancado y para examinar de manera rigurosa, honesta, informada y creativa el tipo y la calidad de la educación que imparten con recursos públicos.

Desde un punto de vista moral y ético esto es lo medular.