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Otto Granados RoldánOtto Granados Roldán:
- Licenciatura en Derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México
- Maestría en Ciencia Política, por el Colegio de México

Actualmente
- Profesor-investigador de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey
- Co-dirige programas académicos de capacitación para funcionarios públicos en el Centro de Estudios sobre México de la Unión Europea y la Fundación Ortega y Gasset
- Director del Instituto de Administración Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), a nivel de todo el sistema.
- Imparte conferencias y seminarios en México y en el extranjero, y realiza actividades editoriales y de consultoría.

Cargos ocupados
en el Sector Público

- Consejero del Fondo de Cultura Económica y de BANOBRAS
- Secretario Particular del Secretario de Educación Pública
- Oficial Mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto
- Director General de Comunicación Social de la Presidencia de la República
- Gobernador del estado de Aguascalientes (1992 a 1998)
- Consejero de la Embajada de México en España
- Embajador de México en Chile

 
 
 
 
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HETERODOXIAS

Corrupción y elecciones

  Otto Granados
  og1956@gmail.com
Aguascalientes, MÉXICO, 13 de junio del 2011

A menos que el PAN y su gobierno exhiban de manera puntual, documentada, escandalosa y muy bien orquestada mediáticamente la corrupción y los peligros que representa el PRI y en los cuales se vea involucrado de manera directa y personal su probable candidato presidencial, parece casi imposible que logren descarrilar a ese partido por la vía de las operaciones policiacas.

No es que el experimento Hank u otros que puedan venir no sean relevantes por sí mismos, sino que la dificultad estriba en que las palabras honestidad/corrupción/criminalidad no necesariamente motivan una decisión de voto. O, por lo menos, no en automático.

Por largos años la llamada opinión pública mexicana ha visto cómo algunos de sus próceres más cuestionados y sobre los que pesan fundadas sospechas de corrupción se pasean campantes por los pasillos de la política, las revistas del corazón o el mundo de los negocios. Porque a diferencia de países donde la corrupción se castiga severamente, con mucha frecuencia en México no hay siquiera una sanción social que repruebe prácticas corruptas y, por el método del ejemplo, internalice valores y genere conductas positivas.

Antes bien, la impunidad se ha convertido en una escuela exitosa y no es casual que las incidencias delictivas vayan en aumento en el México democrático, como lo muestran algunos indicadores.

En el Corruption Perceptions Index 2010 de Transparencia Internacional México sigue en picada. De 178 países evaluados México ocupa el lugar número 98 acompañado de Burkina Faso y Egipto; en reportes anteriores (sobre 159 países) aparecía entre los sitios 65-70.

La Encuesta de Fraude en México 2010 de la consultora KPMG, por su parte, reporta que el nivel de incidencia de fraudes en México sigue siendo de los más altos en América Latina, donde el 75% de las empresas encuestadas informó haber sido víctimas de cuando menos un fraude en los últimos 12 meses y que, en comparación con el 2008, el fraude interno, esto es, el cometido por empleados, se incrementó significativamente al pasar del 60% al 77%.

Y el Indice de Corrupción y Buen Gobierno 2010 identificó 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos federales, estatales, municipales, así como en concesiones y servicios administrados por particulares. En 2007 fueron 197 millones de actos y en 2005 115 millones.

A primera vista ¿es México un país más o menos corrupto que en el pasado? ¿O aparentemente hoy está mejor medido el problema? ¿En la dinámica de la corrupción los ciudadanos son los puros y castos y todos los demás son los malos? Por ende ¿es la honestidad un valor lo suficientemente bien arraigado en el tejido social y psicológico del mexicano como para que realmente determine el sentido de su voto?

Desde luego que se trata de un fenómeno complejo y en el cual intervienen muchos factores. Pero para que su denuncia, persecución y utilización tengan eficacia electoral todavía le falta un buen trecho.

Reproducido con la autorización de La Razón
 
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