En su lectura de mi columna sobre la Norma 29 (N29) Fernando Escalante concluye con una invitación al psicoanálisis colectivo: “En la hostilidad hacia los ambulantes se pone de manifiesto una fantasía que valdría la pena estudiar: dice algo importante de nuestra clase media”.

Ahora que lo pienso suena interesante, y agradezco de paso mi adscripción clasemediera, sobre todo hoy que está tan de moda. Pero más allá de tendernos sobre el diván —algo siempre seductor—lo que sí he visto por años, en la ciudad donde pasé mi niñez y en otras donde he vivido, es cómo desaparecía una legión de comercios formales por obra y gracia del desorden regulatorio y el contubernio político, sobornos incluidos, de las autoridades con tianguistas, ambulantes y vendedores de contrabando que dominaban imparables las calles, al extremo, en algunos casos, de que la única vida que iba quedando en ellas era ésa: la del bullicio del día porque los locales establecidos fueron cerrando, las viviendas se vaciaron y sólo permaneció, como parece atraerle a Escalante, lo público… porque ya no le quedó espacio a la vida privada y tuvo que mudarse a otro lado.

Pero la discusión es otra, tiene que ver con una medida que lesiona el interés general y ése es el punto. Para efectos de la N29, la variable central no son los locatarios sino la decisión de la autoridad de imponer restricciones y condiciones inequitativas a otros jugadores económicos por razones políticas porque introduce consecuencias negativas a la competencia, distorsiona el mercado y, lo más importante, como señaló la COFECO a la Asamblea Legislativa el 8 de abril, “perjudicaría al consumidor, quien carecería de opciones competitivas para adquirir productos… en términos de mejor calidad a menores precios, así como mayores alternativas y variedad de establecimientos”.

Dice Escalante no saber de dónde saqué “la idea” de que la modificación a la N29 es para “favorecer a los vendedores ambulantes”. La idea, por supuesto, no es tal ni es mía ni es nueva: es la argumentación concreta que las autoridades capitalinas dieron en marzo pasado, con nítida sinceridad, a la ANTAD, en el sentido de que ésta era una decisión política innegociable por razones de gobernabilidad y de rentabilidad electoral.

Lo cierto es que no hacía falta que se los dijeran: es una vieja historia que data por lo menos desde los años cincuenta en que se ubica el origen del modelo de relación corporativa y clientelar de la autoridad capitalina con los líderes de las organizaciones de ambulantes. Como lo documentó ampliamente un grupo de investigadores del Tec de Monterrey (en el estudio coordinado por Edgar Esquivel: La república informal. El ambulantaje en la ciudad de México, 2008), hay todo un mecanismo de chantaje de dichos líderes al que la autoridad se acomoda, alienta o neutraliza (y siempre capitaliza), dependiendo de lo que convenga, sin perderse en disquisiciones sobre el caro concepto de “espacio público”.

También se pregunta Escalante “cuál sería ese mínimo orden (al que yo aludo) que hace de los ambulantes un estorbo insalubre, desagradable e ilegal…” (cosa que él dice, yo no). Pues es el mismo que, según evoca Escalante, ha llevado a “las pequeñas ciudades francesas” a tener “un aire tranquilo, amable” gracias a que “cualquiera que compra una casa o un terreno en una de esas ciudades tiene que firmar, junto con la escritura, unas quince o veinte páginas de reglamentaciones municipales en donde se fija todo tipo de detalles…” (“Instituciones”, La Crónica de Hoy, septiembre 27, 2006). Esto no es Francia, pero las ciudades, como la vida, necesitan un orden, así sea discreto.

Bien, siguiendo esa lógica, si hay que perderle el miedo al orden regulatorio que sea con el suelo parejo y para todos: incluidos los que ocupan espacios públicos para platicar con la vecina o instalar la garita de vigilancia, pero no por la vía de una reglamentación que favorece a unos y excluye a otros, limita la libertad del consumidor para elegir una barbacoa en el puesto o un burrito del Oxxo, según le venga en gana, o privatiza el espacio público a beneficio de inventario político.

No creo que decisiones así devuelvan a nuestros barrios y calles el santo olor de la panadería ni mejoren la vida de la ciudad ni de —siento citarlos— los consumidores.