Aunque el gobierno de Marcelo Ebrard y la Asamblea Legislativa argumenten que obtendrán dividendos electorales o que sencillamente no lo pueden evitar, la privatización del espacio público que supone la promulgación de la llamada norma 29, mediante la cual impedirán a las tiendas de autoservicio y de conveniencia establecerse en zonas donde hoy operan los mercadillos o tianguis, es un error político, urbano y económico grave.

Político porque, como lo demuestra la reciente adhesión de los dirigentes perredistas René Arce y Víctor Hugo Círigo a la candidatura del PRI al gobierno del Estado de México, es evidente que tanto los números actuales de las encuestas como la operación que está realizando el PRI en ese estado y en la zona metropolitana, al parecer encabezada por un ex gobernador, están decantando a una masa de pícaros que no tienen lealtades ni compromisos, sino sólo intereses muy concretos y que se conducirán exactamente igual el año próximo.

La promesa de Ebrard de quitarles de encima a las grandes tiendas, que por lo demás representan mercados distintos e incluso complementarios, no evitará que cuando vengan las elecciones presidenciales esos mismos líderes de tianguistas serán los primeros en acuchillar al jefe de Gobierno para ponerse a disposición del PRI.

Es una equivocación en términos de planeación y regulación urbanas porque profundiza la tendencia a “privatizar” los espacios públicos mediante una estrategia consistente en que la tolerancia a que grupos organizados de comerciantes informales ocupen zonas teóricamente públicas violenta un mínimo orden de carácter vial, sanitario, estético y legal de suerte tal que genera un claro efecto de demostración para otros grupos que quieran abonar al desastre que ya es, en ese sentido, la ciudad de México.

Y es un dislate económico porque le pegará al DF en todas las evaluaciones sensatas que se hagan al momento de medir los niveles de competitividad nacional, no sólo porque le niega al consumidor derechos elementales, sino también porque hay una enloquecida contradicción en el hecho de que quien promueve la norma 29 —la secretaria de Desarrollo Económico del gobierno capitalino, esposa por cierto del delegado en Azcapotzalco— sea la titular de la misma dependencia encargada de facilitar el crecimiento de la inversión privada en la ciudad.

Por dondequiera que se vea es un acto de desgobierno por supuesto, pero es incluso algo peor. Es la demostración palpable de cuánto han corroído los hábitos populistas y clientelares a lo que convencionalmente debieran ser las prácticas sanas del buen gobierno y de la gestión pública efectiva, entendida ésta como crear las condiciones para que aumenten los niveles de bienestar en una comunidad.

Exactamente lo opuesto a lo que hoy pasa en la extravagante administración capitalina.