Lo de menos, según yo, es tener que elegir entre el cáncer y el sida, como Mario Vargas Llosa y otros intelectuales han definido la segunda vuelta de la contienda presidencial peruana este próximo domingo. Lo relevante es desentrañar cómo a los votantes no les quedó, por lo visto, otra opción.

Perú es un caso notable de recuperación económica y de eficiencia de la gestión pública. Ha registrado tasas importantes de crecimiento, buenas políticas, mejoría competitiva y estabilidad macroeconómica, si bien es cierto que los niveles de inequidad no ceden, que la delincuencia va en aumento al parecer en especial en Lima y que la corrupción no es desconocida en el Estado peruano.

Pero ¿es eso suficiente para descartar a tres de los candidatos que representaban una alternativa sensata y quedarse con los dos más cuestionables? Que Ollanta Humala y Keiko Fujimori son los que mejor conectaron con los instintos básicos del electorado es evidente; pero menos justificable es si con eso basta para explicar una elección. Me temo que no.

Una de las paradojas que, al menos en Latinoamérica, han traído la alternancia o las buenas políticas es que, mientras éstas se asientan razonablemente, las prácticas políticas, en cambio, regresan a los viejos hábitos del populismo, del facilismo y del gusto que la ciudadanía tiene por la ley del menor esfuerzo.

Si finalmente esa libertad es uno de los beneficios de la democracia, es cierto. Pero a veces es también un factor de corrosión no de la democracia formal, sino de su calidad y efectividad.

Las explicaciones son múltiples si se quiere y quizá la más inmediata es que la generación de expectativas es a veces tan elevada y los resultados económicos y sociales tan precarios que la sociedad atribuye a la democracia el logro de metas que ésta no provee porque dependen de otros factores: regulaciones e instituciones eficaces, políticas públicas creativas, reformas de segunda generación o circunstancias internacionales favorables.

Al no ocurrir tal cual, aparece el desencanto y produce una disfunción.

Si los únicos indicadores para medir la eficacia de los gobiernos son las políticas populistas o los controles corporativos de las clientelas y de las instituciones o el manejo mediático y las victorias electorales resultantes, entonces la esencia de la democracia empieza a perder sentido, se vacía de sustancia, se reduce a una “democracia mínima”, como afirma Marcel Gauchet, y “es presa de una suave autodestrucción, que deja su principio intacto pero que tiende a privarla de eficacia”. Ejemplos sobran y Perú es uno de ellos.

Este fenómeno tiene por supuesto su contraparte en los grados de vitalidad y de vigor ciudadano de suerte que nos pone en el imperativo de preguntarnos si el elector puede atentar contra la democracia misma al grado de que inhiba la cohesión comunitaria y la formación de capital social, que estimule el debilitamiento institucional y que fomente no una democracia consolidada, sino un cascarón sin alma.