En Estados Unidos ha empezado a llamar la atención la lentitud con que las autoridades mexicanas están manejando el proceso de extradición del presunto narcotraficante conocido como La Barbie, ciudadano norteamericano arrestado desde agosto de 2010 en el Estado de México y perseguido por una corte federal de Louisiana. Y la aparente razón de la tardanza provoca, naturalmente, suspicacias.

Según algunos analistas norteamericanos hay un cierto tipo de narcos —muy sociables, bien vestidos, mejor conectados— que podrían estar relacionados con las élites mexicanas básicamente como proveedores de bienes ilícitos pero también como parte de un ambiente amistoso y de negocios al que esas élites suelen ser afectos.

Entre ellas se incluye a periodistas, empresarios y gente del espectáculo, pero también, y en esto radica la curiosidad, a políticos que hoy desempeñan funciones poderosas en gobiernos estatales o en la rama legislativa. De tener fundamento la hipótesis, esa clase de narcos, ahora detenidos, podría aportar un elemento del mayor valor como es la información, y no sólo sobre negocios ilegales, sino que también puede ser decisivo si se usa con fines políticos. Obtenerla, por tanto, requiere construir con los delincuentes una relación propicia, psicológicamente confiable, y eso toma tiempo.

Ésta es la causa, según observadores en Washington, de que las autoridades mexicanas federales encargadas de la seguridad pública y de procuración de justicia hayan dado un trato tan cuidadoso —e incluso tan delicado en términos personales— a estos delincuentes, pues es crucial para ellas no sólo exprimir la mayor cantidad de información relacionada con el mundo del hampa, sino sobre todo, de haberla, con protagonistas de las elecciones del 2012.

En este sentido, y de allí la pulida escenografía a la hora de exhibirlos mediáticamente, a las autoridades les conviene que los delincuentes ganen credibilidad, puesto que una información proporcionada por ellos, bien presentada y bien transmitida, puede ser eventualmente letal para los adversarios políticos de quien posea esa información, en este caso el gobierno federal y, obvio, su partido.

Como en México no hay propiamente un aparato de seguridad pública e inteligencia profesional y de carrera que responda a una institucionalidad de Estado o a un orden legislativo que funcione, la posibilidad de que el gobierno y sus policías usen información capturada en el curso de interrogatorios e investigaciones en una contienda electoral existe. Como también es factible la opción de tomar uno o dos hechos y/o presunciones y de allí fabricar una acusación y un caso en contra de alguien. No sería la primera vez que ocurriera en México.

En consecuencia, a quienes estén en la hipótesis de resultar involucrados en negocios turbios con la delincuencia más les vale tener una estrategia que les vacune contra lo que podría ser su derrumbe político y personal.