En esta especie de crisis de inseguridad y violencia por la que México atraviesa parece producirse una paradoja cruel que consiste en que conforme el problema se agudiza y los números se vuelven alarmantes y, al mismo tiempo, se incrementan los esfuerzos de análisis e investigación para entenderlo mejor, da la sensación de que la percepción popular es cada vez más espesa y que, como escribe Alma Guillermoprieto, “la historia, como los asesinatos, es interminablemente repetitiva y confusa”.

La conclusión, demasiado inquietante, es que presumiblemente conocemos un poco mejor la dinámica del fenómeno, pero no sabemos a ciencia cierta cómo afrontarlo ni cómo y cuándo concluirá esta pesadilla.

La lección inicial es que México está empantanado en la idea de que esta es una guerra y que, como todas, ha dejado un saldo inadmisible de sangre y muerte. Por tanto, hay que detenerla para que la violencia cese. De acuerdo, ¿y luego qué?

Una opción, supongo, es que, como en toda guerra en la que no hay un vencedor claro, una de las partes declare un alto al fuego o se rinda o se firme algo equivalente a un armisticio. Muy bien. En ese caso, el Presidente de la República ordenaría que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles, que la policía federal se limite a cumplir, literalmente, lo que dice su ley orgánica, y que los gobiernos estatales y municipales se las arreglen como puedan.

¿Esta hipótesis detendría automáticamente la violencia y los crímenes? ¿La delincuencia, organizada o no, procedería a diseñar una estructura de negocios donde se reparten civilizadamente mercados y territorios? ¿La autoridad se limitaría a mirar para otro lado? ¿Cuáles serían los costos reales de seguir una alternativa de esta naturaleza para el país, para la estabilidad institucional, para el estado de derecho?

Segunda opción: la federación limita sus intervenciones y deja que los gobiernos locales, quiéranlo o no, se encarguen de perseguir los delitos del fuero común, entre los cuales están el homicidio o el secuestro o la extorsión, tal como los obliga la legislación penal estatal. ¿Funcionaría en un contexto donde los políticos son incapaces de ponerse de acuerdo siquiera para alargar la jornada escolar?

O, como ha pasado en otros países en temas cruciales para su viabilidad, con la información más rigurosa de que se dispone se evalúa técnicamente la estrategia actual, se hacen los cambios y ajustes necesarios, y se genera un esquema integral donde realista y razonablemente se sepa a qué podemos aspirar en los próximos dos años en términos de la evidencia y las cifras que ahora nos espantan.

En paralelo, habría que plantear una discusión ordenada y seria, en el formato mismo de los diálogos convocados por la presidencia, sobre la alternativa de la legalización.

Las dos cosas —producir un nuevo esquema estratégico y examinar la legalización— tendrían sentido y eficacia si, finalmente, generan compromisos vinculantes, acciones concretas y plazos perentorios de las distintas partes involucradas.