En su informe sobre seguridad, Calderón señala que del 70% de los homicidios ocurridos durante enfrentamientos entre bandas donde el gobierno tiene “indicios” sobre sus causas, 90% de ellos “corresponde a personas muy probablemente vinculadas a organizaciones criminales”.

Esto amerita una consideración más pues la cifra sugiere, en principio, que, del gran total de muertes ocurridas bajo ese supuesto, presumiblemente 36% fueron fuerzas públicas y/o “víctimas inocentes”. Es una cifra preocupante, no basta con lamentarla y el informe es omiso respecto de qué está haciendo el gobierno para reducir el riesgo de pérdida de vidas inocentes o, en el argot militar, de “daños colaterales”.

En este sentido, mientras es votada por la cámara de Diputados la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, ya aprobada en origen por el Senado, y mientras se envía la iniciativa prometida de reformas al Código de Justicia Militar, ambas con la finalidad de ordenar técnica y jurídicamente la participación del ejército en esta tarea, parece urgente formular desde ya, bajo normas que armonicen eficacia con disciplina castrense, las reglas prácticas a que deben rigurosamente atenerse los efectivos militares al mando de operativos, así como producir nuevos protocolos de actuación que eviten esas tragedias.

Una cuarta debilidad, dentro de las fortalezas que ciertamente tiene el documento presidencial, es que al referirse a la integración de la “nueva policía” o la depuración de los ministerios públicos federales, se habla de 21 mil elementos a los que se han aplicado controles de confianza.
Sí, de acuerdo. Pero ¿cómo han resultado?, ¿cuántos los han aprobado?, ¿qué ha pasado con los que no?, ¿hay un seguimiento de quienes, tras las evaluaciones, salen de las corporaciones? Y por otro lado, ¿qué sucede con los Ministerios Públicos locales, con los policías estatales y municipales, que son más de 355 mil elementos, o con la efectividad procesal en los juicios a que está sujeta la delincuencia organizada? Un ejemplo: entre enero-junio de 2009 las sentencias condenatorias obtenidas por cada 100 averiguaciones previas fueron sólo 9.

Una quinta omisión, muy importante, es la relativa a la operación de los llamados mercados negros y al lavado de dinero, el combustible más relevante en toda la cadena delictiva, y que se estima entre 19 y 29 mil millones de dólares que anualmente ingresan desde Estados Unidos a los circuitos delictivos y económicos mexicanos. ¿Qué pasa con este fenómeno? Y una sexta tiene es la situación de los centros penitenciarios, a los que no alude el documento, quizá porque en su mayor parte la sobre población (calculada en 33% respecto de su capacidad instalada), el descontrol y el autogobierno de los reclusos, ha sufrido un grave deterioro. Este factor no puede dejarse fuera porque varios de ellos son verdaderas salas de control de la operación delictiva en las calles de México.

Calderón ha expuesto claramente su posición. ¿Dónde está, seriamente, la de gobernadores, alcaldes y legisladores? Es hora de un debate constructivo.