Tiene razón el presidente Calderón al criticar que 17 años después de que se crearon los Consejos de Participación Social, que fueron una consecuencia de la descentralización educativa y cuya idea era incluir a los padres de familia y a la comunidad en la toma de decisiones escolares, han sido casi un fracaso.

Pero es más grave aún que, a sabiendas, el acuerdo de la SEP para normar la operación de dichos consejos, promulgado ayer, haya incurrido nuevamente en el vicio de origen que consiste en reducirlos a “tomar nota” de los resultados o a tener funciones decorativas de “divulgación”, “exhorto”, “colaboración” o “promoción” y no, como debió haber sido, a dotarles de poder de decisión concreta allí donde está el sistema nervioso de un centro escolar que es en los criterios de selección, evaluación, permanencia, promoción y remoción de profesores y directivos, así como en la asignación de los recursos.

El artículo 3º del acuerdo mencionado le dio el tiro de gracia a esta urgente necesidad, al tomar la precaución, bajo presión del SNTE y como lo hicieron cuando se promulgó la Ley General de Educación o sus equivalentes estatales, de establecer que los “Consejos Escolares no intervendrán en aspectos laborales”. ¿Y entonces? Al incluir esa excepción, todo lo demás, dicho con realismo, pierde sentido. Veamos.

Cualquiera que se haya asomado al modus operandi de la escuela pública sabe que se trata de un microcosmos que reproduce la forma en que tanto el SNTE (o la CNTE) como la burocracia intermedia de las dependencias educativas han construido por años sus redes de control.

Por un lado, son ellos los que, en los hechos, deciden quién obtiene o no una plaza, qué tipo de plaza, a qué escuelas o zonas se asigna a un docente, en qué turno se le coloca, bajo qué condiciones asciende en el escalafón, a quien se le aplica la cláusula de exclusión, y un largo etcétera que, en síntesis, hace que un recién egresado de la normal no tenga más opción que someterse milimétricamente a las reglas impuestas por el sindicato en total y absoluta complicidad, connivencia o sujeción de parte de la autoridad.

Y, por otro, con los padres de familia suele tejerse una relación autoritaria, vertical, basada, en unas ocasiones, en el otorgamiento de una plaza de intendente o una concesión para manejar la cooperativa escolar, y, en otras, en algún trato especial a los hijos (ubicarlo en el turno o grupo de su preferencia, por ejemplo). En otras palabras: directivos y docentes están para mandar; los demás para obedecer.

¿Cómo romper ese esquema tan corrupto y tan lesivo para la educación? Haciendo que la distribución del poder en la escuela cambie y se traslade de la autoridad y el sindicato a quienes debieran ser los genuinos dueños del proceso educativo: estudiantes y padres de familia.
Justo lo que no se hizo ayer ni en todos estos años.