De manera inusual pero legítima y saludable, el presidente Calderón hizo publicar en los medios el domingo pasado, con su firma, un extenso informe en el que defiende la estrategia que su gobierno ha seguido para acometer lo que él llama La lucha por la seguridad pública .

Con independencia de la opinión que se tenga sobre la efectividad de dicha estrategia, se trata de un documento que debe leerse cuidadosamente, analizar sus argumentos y, en todo caso, refutarlo con datos, evidencia dura y razonamientos que enriquezcan la discusión, contribuyan a una comprensión objetiva del problema y mejoren sustancialmente el enfoque de las políticas públicas a todos los niveles.

En cualquier caso, no puede ser examinado con el prisma de que como viene del Presidente hay que descalificarlo.

Calderón parte de que hay una lógica expansiva en el fenómeno delictivo que, si bien partió del narcotráfico, ha producido una espiral que genera, primero, un control territorial y luego un control de la sociedad, lo que lleva a que estemos no sólo ante un problema de “lucha antinarco” sino, de manera más integral, de “seguridad pública” en sus distintas manifestaciones: extorsión, secuestro, piso, etc.

Propone que tanto el aumento del consumo en Estados Unidos (uno de cada tres jóvenes entre 18 y 25 años ha probado drogas ilícitas) como en México (que se duplicó entre 2002 y 2008), la inacción de la autoridad durante “muchos años”, el descontrol en la venta y tráfico de armamento (hay 7 mil armerías en los estados fronterizos del lado americano), el agotamiento de los “arreglos” con la delincuencia y el deterioro en el “ambiente social” han sido las variables eficientes en una situación que ha desembocado en una captura territorial de diversas regiones que, por un lado, secuestra a las instituciones y, por otro, paraliza y somete a la sociedad.

En el escalamiento del conflicto, una de las expresiones más visibles ha sido la intensificación de la guerra entre las bandas por el control del negocio y los espacios, origen, según Calderón, de la violencia que se registra en estos momentos en el país. Si su gobierno no hubiera actuado para combatir al crimen organizado, de la manera en que dice haberlo hecho, “los criminales se hubieran apoderado de una gran parte del país”.

Finalmente, Calderón explica que su Estrategia Nacional de Seguridad ha tenido como soportes los operativos conjuntos de policías y militares, el aumento de las capacidades operativas y tecnológicas, la reforma del sistema de procuración e impartición de justicia penal, la prevención del delito y la cooperación internacional o, más concretamente, la Iniciativa Mérida.

¿Son éstas efectivamente las causas reales y de fondo? ¿Es ésa la lógica correcta? ¿Son todos los instrumentos de que el Estado puede disponer para combatir al crimen? Lo veremos el miércoles.