La primera interrogante que salta a la vista en el informe del Presidente acerca de la seguridad pública es el motivo por el que ahora plantea tan detalladamente el estado de la cuestión y tan directamente en un texto bajo su firma.

Una explicación quizá reside en el problema de percepción acerca de la eficacia del gobierno y en que los medios no estarían transmitiendo la historia correcta. Según una encuesta de Mitofsky de abril pasado, el 78% de la población cree que la inseguridad se ha agravado en el último año y mientras que el 37% considera que esta “guerra” la va ganando el gobierno, el 39% supone que la delincuencia.

Pero la otra, suspicaz si se quiere, es la posibilidad de que, dentro del gobierno mismo, existan dudas sobre la idoneidad del enfoque. Un ejemplo: Jorge Tello, actualmente secretario técnico del Gabinete de Seguridad, escribió en una publicación académica: “…si seguimos haciendo las cosas en formas y maneras que hasta ahora nos han dado resultados insuficientes, por más que invirtamos por ese camino no tendremos dividendos.” (Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2009, p. 24).

La segunda reflexión tiene que ver con el diseño mismo de la “lucha”. En fenómenos delictivos de este tipo subyace prioritariamente una lógica económica en la que, como tal, existen oferta y demanda, unidades logísticas, ingeniería financiera y una sofisticada estructura de redes, como corresponde a todo modelo de negocio competitivo.

Pero en lugar de usar también esa perspectiva, Calderón insiste en seguir solo una “lógica de guerra” que considera básicamente el lado de la oferta (decomisos, destrucciones de plantíos y laboratorios) y opera de manera vertical (carteles, sicarios), pero no el de una creciente demanda interna, lo que produce una respuesta insuficiente.

De allí derivan reservas acerca de la efectividad del diseño unidimensional. Son plausibles los éxitos en arrestos o confiscaciones, pero no está claro su alcance porque por definición no hay indicadores duros de medición de lo que realmente transita y se produce en México, y el texto de Calderón no aporta estimaciones que permitan referenciar los progresos, salvo calcular para cuantas dosis hubiera alcanzado la droga decomisada.

Por ejemplo, el Departamento de Estado de EU dice que en 2009 México seguía siendo su principal proveedor de mariguana y eventualmente de metanfetamina, y ruta de tránsito del 90% de la cocaína que se consume en territorio americano.

La conclusión a la que llegó la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, integrada por expertos y ex presidentes razonablemente serios, es puntual: “es imperativo rectificar… Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados.”

Por ello Calderón opone que esta guerra no es ni “única ni principalmente” contra las drogas. Es cierto, pero, por ahora, allí reside el corazón de la espiral delictiva y violenta. (Continuará)