Los informes de las Comisiones de Verdad y Reconciliación y sobre Prisión Política y Tortura hacen mucho más patente aún la catadura psicológica de la dictadura en Chile.

Pinochet y sus cómplices promovieron un intenso y organizado operativo para asesinar a alrededor de 4 mil personas, reprimir y violar los derechos humanos en más de 800 centros reconocidos de detención ilegal del Estado mediante, al menos, 18 métodos de tortura, según los testimonios recogidos y aceptados como válidos de 28 mil personas en Chile y en el extranjero. Es decir, la dictadura era perfectamente consciente de lo que hacía; actuó con una combinación perversa de psicopatía y odio dirigida a personas y agrupaciones concretas, que nada tenían que ver, como insistió Pinochet, con “salvar al país del marxismo”, sino más bien como la forma más oprobiosa de destruir al contrario y practicar la crueldad extrema. La tortura se convirtió en política de Estado.

El segundo de tales informes es desgarrador y es imposible leerlo sin un nudo en la garganta y el corazón hecho polvo. Documenta que el 94% de los detenidos en esos años sufrió alguna clase de tortura y casi la totalidad de las mujeres que rindieron testimonio fue objeto de violencia sexual; una gran cantidad de vidas se truncó y los daños psicológicos, físicos y emocionales tardaron años en superarse y, en algunos casos, subsisten hasta ahora.

Los relatos son estrujantes y muchos de ellos permanecieron en silencio por tres décadas por temor, por la parálisis psicológica que los hechos produjeron en las víctimas, pero también, como ha dicho Ricardo Lagos, “porque el silencio se relaciona con una actitud de dignidad básica de la persona. Y ese mismo silencio comprensible fue ahondando el daño de los sufrimientos no compartidos, de aquello que preferimos esconder, ocultar, arrancar de los archivos de nuestra historia”.

Ésta es la tercera cuestión y, para algunos, la más perturbadora: bajo la dictadura, el equipo técnico de Pinochet diseñó algunas innovaciones de política económica que pusieron los cimientos del modelo liberal con el que Chile, ya en democracia, alcanzó niveles sin precedente de estabilidad y crecimiento, los cuales hicieron posible que, en tan sólo diez años, prácticamente se duplicara el producto nacional y el país ganara un alto reconocimiento internacional.

Pero explicar o, peor aún, justificar los crímenes con el pretexto del crecimiento es inadmisible y condenable bajo cualquier consideración ética. Éste es el centro de la argumentación: cuando alguien sugiere que la vida humana, la integridad y la dignidad de las personas o las libertades fundamentales son bienes intercambiables, entonces se produce una profunda corrupción moral y se cae en el extremo de querer utilizar un dato como una justificación para destruir los fundamentos éticos en que se basa una comunidad civilizada, armónica y decente. Por tanto, matizar los crímenes de Pinochet con ese tipo de explicaciones va en contra de toda sensatez y respeto a sí mismo; condenarlos es, en cambio, darle un contenido racional a la esperanza de que el abuso y la traición tengan no sólo el castigo de la ley, sino también una sanción moral.

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