Es entendible que no a todos se les pueda pedir densidad intelectual, un pensamiento sofisticado o un conocimiento preciso de la historia. Pero sí es deseable que sepan reconocer dónde está el sentido moral de las cosas.

La semana pasada, por ejemplo, el presidente de Alfa, un grupo de empresas que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, formuló un razonamiento que evidencia una alarmante corrosión moral. Cuestionado sobre si las reformas económicas sólo son viables en regímenes autoritarios, el empresario afirmó: “Bueno, eso hizo Pinochet. Luego a Pinochet lo critican. Sí, está bien, quién sabe a cuántos mató. Está muy mal, perfecto. Pero Pinochet dejó el carro afinado”.

Cuando se ven las cosas así es indispensable discutir una particular forma de corrupción intelectual que tiene que ver con argumentar que, en algunos asuntos de Estado, hay elementos que pueden ser admisibles si, en otros, se ejecutaron políticas positivas.

La contradicción puede formularse así: si bien los historiadores coinciden en que una parte de la herencia del dictador fue la instalación del modelo económico —desarrollado en realidad con enorme éxito por los gobiernos democráticos— que ha puesto al país a la vanguardia del desarrollo ¿es ésta una razón moralmente válida para justificar el otro legado que son las infames violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y la tragedia que provocaron? Categóricamente, no.

Empecemos por el principio. Pinochet llegó gracias a un cruento golpe de Estado que derrocó al gobierno legalmente constituido y ninguna acción o decisión que hubiera tomado podría haberle dotado de legitimidad. Nombrado por Salvador Allende, el presidente depuesto, como jefe de las fuerzas armadas, Pinochet no sólo traicionó la confianza debida al mandatario, sino sobre todo la obediencia y la sujeción al poder civil al que está obligado un ejército en un estado de derecho. Las grabaciones divulgadas años después en las que se registra la voz de Pinochet ordenando que se ofrezca a Allende salir del país en un avión desde el cual, según quería el golpista, fuese lanzado al mar, evidencian con dramatismo la alevosía, ventaja y saña con que los militares ejecutaron la asonada.

Lo que se produjo en Chile entre 1973 y 1990 fue una brutalidad que va mucho más allá del “automatismo administrativo” que, por ejemplo, algunos criminales nazis intentaron alegar en defensa propia aduciendo que, simplemente, cumplían órdenes sin preguntarse si éstas eran o no legales y justas. Pinochet no podría, bajo ninguna circunstancia, decir nada parecido, puesto que él orquestó, de manera principalísima, el golpe; usurpó por las armas una función que no le correspondía; se entronizó mucho más allá de lo que, si acaso, una coyuntura muy concreta habría hecho, hipotéticamente, menos repugnante; liquidó a sus antiguos aliados y desplegó una violación sistemática a los derechos humanos a lo largo de la siguiente década y media. En suma: no hay, en lo absoluto, evidencia consistente alguna que pudiera hacer mínimamente explicable lo que pasó entonces. (Continuará)

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