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Aguascalientes, Ags.- Al finalizar el ciclo de doce años de presidencias panistas habrá que estudiar con detenimiento y datos cuál ha sido realmente la aportación al crecimiento y al bienestar de los gobernadores de los estados, cuya visibilidad, como es ya bien sabido, es más notable que nunca desde los tiempos del porfiriato.
Por un lado, aunque ese fenómeno ha mostrado, con algunas excepciones, las serias limitaciones intelectuales, técnicas y de gestión de los gobernadores, lo que probablemente explique porqué les sobra tierra y les falta mundo, es evidente que la movilidad política ha regresado al espacio de lo local y es desde allí que se han generado las posibilidades de ascenso y de éxito electoral. Por otro, la mayor disponibilidad de instrumentos políticos y presupuestales les ha conferido un poder inédito que, además de acotarlo, merece ser medido contra los resultados concretos y tangibles que están alcanzando.
Pongámoslo el problema de la siguiente forma: en una perspectiva nacional, el poder presupuestal y político de los gobernadores no está generando en su conjunto un alto valor agregado en la producción de bienes públicos como el crecimiento, la competitividad, la eficiencia de la gestión pública o la transparencia y sí, en cambio, está creando incentivos para la ejecución de políticas públicas de bajo impacto y de prácticas políticas que no necesariamente contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas ni de la democracia ni a producir gobiernos efectivos.
Véase un ejemplo. La semana pasada, el Tecnológico de Monterrey presentó su reporte 2012 sobre la competitividad de los estados (www.itesm.edu/competitividad), un índice que se publica desde hace más de quince años y evalúa 218 variables para calificar la posición relativa de cada entidad en cuatro apartados: desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia de los negocios e infraestructura.
Lo primero que destaca es que, en general, las economías estatales de mayor peso siguen siendo las mismas que hace 20 o más años: DF, Estado de México, Nuevo León o Jalisco que representan el 40% de la economía nacional. Lo segundo es que, al menos dos de ellas —DF y NL— siguen también siendo las más competitivas aunque ahora se añaden Querétaro, que es el caso más interesante de estos años, y Colima; otros 12 estados mejoraron, otros 12 cayeron y están en una peor posición que hace dos años, y el resto se mantuvo sin cambios. Lo tercero que, con todo y algunos avances, todavía ninguno de los estados mexicanos es competitivo internacionalmente. Los que mejor aparecen —el DF, Nuevo León o Querétaro— no alcanzan el nivel de países como Chile o Irlanda, los menos competitivos, como Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero andan en el nivel de El Salvador o Nicaragua.
De permanecer estas tendencias en la siguiente década, lo que veremos es la profundización de una geografía económica, social, urbana y productiva cada vez más heterogénea, contrastante y desigual. Es decir, no habrá uno sino “muchos Méxicos”.
