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Aguascalientes, Ags.- La experiencia histórica muestra que, por regla general, las reformas de fondo, es decir, aquellas que realmente pretenden cambiar el statu quo en diversas áreas de un país, se producen en medio del conflicto. Lo que puede variar es la dimensión, la duración y las modalidades del conflicto, pero, en cualquier caso, si es para mejorar, bienvenido. Para eso, justamente, es la política, para regular y resolver con eficacia y sin miedos, el conflicto.
Una comprensión clara de esta lógica política será crucial en los próximos años si en efecto el nuevo gobierno tiene la decisión de acometer reformas de gran calado en campos estratégicos como la energía, las telecomunicaciones o la educación, entre otros, y asumir enteramente sus costos. La actual estructura de organización y funcionamiento de cada uno de esos sectores, por razones variadas, se fue originando a partir de una fuerte concentración o, al menos, una potente regulación por parte del estado, cuyo sostenimiento fue posible gracias a una combinación de políticas corporativas, clientelares y monopólicas (o cuasi) que degeneró de hecho en su captura con todo lo que ello implica: control de decisiones, rentas y mercados.
Como es natural, desmontar esa estructura y ensamblar la nueva no será nada fácil, no podrá ser al estilo business as usual ni puede ser a medias porque entonces no son reformas. Por tanto, su eficacia dependerá de cuatro variables: la oportunidad, la ruta, la comunicación y los resultados. Veamos.
Una de los lastres más corrosivos en la política mexicana ha sido siempre la presunción de que, como hay elecciones el año que viene o no hay que abrir varios frentes a la vez o argumentos parecidos, nunca es oportuno hacer cambios y hay que dejarlo todo para después. Pero ese momento jamás llega y el sexenio termina. No debiera ahora cometerse el mismo error.
En segundo lugar: la precondición de toda reforma exitosa es un diagnóstico preciso y un mapa de navegación muy claro para su instrumentación. Si no se sabe exactamente qué se quiere hacer, qué logros se alcanzarán y cuáles serán necesariamente los costos políticos, es mejor no aventurarse porque el escenario resultante puede ser mucho peor que la situación actual.
La sociedad debe saber, en tercer lugar, por qué es indispensable hacer determinadas reformas y cómo la beneficiarán, e involucrarla desde un principio en su ejecución. Esto pasa, obligadamente, por un proceso de comunicación y explicación persuasivo y convincente de suerte tal que produzca un alto nivel de apoyo.
Y, finalmente, toda reforma debe dar resultados positivos, quizá relativos pero que sean tangibles y visibles, a corto y a mediano plazo.
Si gobernar es decidir y se decide de cara a la historia, entonces hay que admitir que la posibilidad de conflicto cuando se hacen reformas profundas es saludable. Al final del día, diría Ralf Dahrendorf, “el conflicto es un factor necesario en todos los procesos de cambio”.
