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Otto Granados Roldán:
- Licenciatura en Derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México
- Maestría en Ciencia Política, por el Colegio de México
Actualmente
- Profesor-investigador de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey
- Co-dirige programas académicos de capacitación para funcionarios públicos en el Centro de Estudios sobre México de la Unión Europea y la Fundación Ortega y Gasset
- Director del Instituto de Administración Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), a nivel de todo el sistema.
- Imparte conferencias y seminarios en México y en el extranjero, y realiza actividades editoriales y de consultoría.
Cargos ocupados
en el Sector Público
- Consejero del Fondo de Cultura Económica y de BANOBRAS
- Secretario Particular del Secretario de Educación Pública
- Oficial Mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto
- Director General de Comunicación Social de la Presidencia de la República
- Gobernador del estado de Aguascalientes (1992 a 1998)
- Consejero de la Embajada de México en España
- Embajador de México en Chile
Aguascalientes, Ags.- Cualquiera que sea la causa eficiente de la corrupción en México el resultado es que cuando ésta se vuelve sistemática, sistémica, crónica y consentida, disuelve los fundamentos éticos y culturales que deben cohesionar a una sociedad, estimula a individuos y organizaciones a actuar fuera y no dentro de las reglas del sistema, introduce distorsiones en los mercados económicos y le cuesta dinero a las personas, las empresas, el gobierno y el país.
Los informes recientes sugieren que, al parecer, el México del 2012 no es menos corrupto que en el pasado y las incidencias delictivas van en aumento. En el Corruption Perceptions Index 2011 (CPI) y el Global Corruption Barometer 2010 (GCB) de Transparencia Internacional México sigue en picada.
De 183 países evaluados México ocupa el lugar número 100 acompañado de Burkina Faso, Indonesia y Tanzania; en reportes anteriores (sobre 159 países) aparecía entre los sitios 65 y 70. Más aún: el 75% de los encuestados para el GCB piensa que el nivel de corrupción se incrementó en los últimos tres años y que las instituciones públicas y políticas son las “más afectadas por la corrupción”. Por su parte, en el Rule of Law Index 2011 México aparece en la posición 53 sobre 66 países evaluados y el informe concluye que la corrupción es un “serio problema en todas las ramas del gobierno”.
La Encuesta de Fraude en México 2010 de KPMG, por su parte, reporta que el nivel de incidencia de fraude corporativo en México sigue siendo de los más altos en América Latina. El 75% de las empresas encuestadas informó haber sido víctima de cuando menos un fraude en los últimos 12 meses y, en comparación con el 2008, el fraude interno, esto es, el cometido por empleados, se incrementó significativamente al pasar del 60% al 77%.
Desde luego que ese tipo de corrupción tiene su correlación con aquella vinculada al sector público o a industrias fuertemente reguladas por el gobierno, en especial en las áreas de adquisiciones, licitaciones, permisos y licencias.
Otra evidencia de que el problema es peor percibido es el Índice de Corrupción y Buen Gobierno, que registra la presunta corrupción en 35 servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de gobierno y por empresas particulares mediante una encuesta levantada en 15 mil hogares. En la edición más reciente (2010), el estudio identificó 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos federales, estatales, municipales, así como en concesiones y servicios administrados por particulares. En 2007 fueron 197 millones de actos y en 2005, 115 millones.
Como es obvio, lo que tenemos en México es una estructura normativa y administrativa que invita a la ilegalidad para poder funcionar como ciudadano o como empresa y eso no se corrige con una estrategia punitiva sino con otra de transformación integral de las reglas, procesos y sistemas con que hoy autoridades y ciudadanos, deliberadamente o no, ingresan a la cadena de la corrupción.