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Otto Granados Roldán:
- Licenciatura en Derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México
- Maestría en Ciencia Política, por el Colegio de México
Actualmente
- Profesor-investigador de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey
- Co-dirige programas académicos de capacitación para funcionarios públicos en el Centro de Estudios sobre México de la Unión Europea y la Fundación Ortega y Gasset
- Director del Instituto de Administración Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), a nivel de todo el sistema.
- Imparte conferencias y seminarios en México y en el extranjero, y realiza actividades editoriales y de consultoría.
Cargos ocupados
en el Sector Público
- Consejero del Fondo de Cultura Económica y de BANOBRAS
- Secretario Particular del Secretario de Educación Pública
- Oficial Mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto
- Director General de Comunicación Social de la Presidencia de la República
- Gobernador del estado de Aguascalientes (1992 a 1998)
- Consejero de la Embajada de México en España
- Embajador de México en Chile
Aguascalientes, Ags.- El presidente Calderón ha enviado al Congreso una iniciativa para reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental a fin de introducir claridad y, eventualmente, controles más completos al ejercicio del gasto público estatal y municipal. Aunque los medios ignoraron esta iniciativa, perdida en la maraña de otras noticias, de ser aprobada en sus términos podría ser un buen principio para corregir un problema grave en términos de la transparencia y la eficacia en la forma como gobernadores y alcaldes gastan el dinero de los contribuyentes.
En términos sencillos el problema puede ponerse de la siguiente manera: todos los gobiernos subnacionales están recibiendo más dinero federal que nunca antes y, además, endeudándose alegremente; por ende, gastan más, de forma desordenada y opaca en muchos casos, y ese volumen de gasto no se ve traducido en alto crecimiento y competitividad en sus entidades, ni en una mejoría medible del bienestar de los habitantes.
Por ejemplo, entre 1990 y 2011 las participaciones fiscales federales a los estados pasaron de 20 mil 326 millones de pesos a 477 mil 256 millones de pesos. Las transferencias de recursos a estados y municipios, en los ramos etiquetados a gasto social, seguridad, educación o salud (llamados 33 y 25), se elevaron de 124 mil 857 millones en 1998 a 525 mil 073 en 2012. Y los ingresos propios (impuestos locales, etc.) aumentaron de 48 mil 700 millones en 2000 a 131 mil 463 en 2010 (último año completo disponible). En suma, los recursos fiscales de origen federal que ahora ejercen los gobiernos subnacionales, llegan a más un billón 2 mil millones de pesos, cifra inédita en la historia mexicana.
A dicha bolsa hay que añadir las inversiones que ejecuta directamente la federación en los estados, las que éstos captan del sector privado por asociaciones o concesiones, y, desde luego, los recursos procedentes de la contratación estatal de deuda, cuyo monto, a junio de 2012, es ya de 404 mil 409 millones de pesos.
Suele argumentarse que este último monto es apenas equivalente al 2.7% del PIB y que en otros países es mucho más elevado, lo cual es cierto. Pero esta es una justificación débil.
Por un lado porque así empezaron las crisis fiscales de los estados brasileños y las provincias argentinas en los años noventa, y las de las comunidades autónomas españolas en la actualidad. Y, por otro, porque a juzgar por los indicadores más relevantes para evaluar la marcha de estados y municipios, esa deuda no parece haber tenido en ellos un impacto positivo en su desarrollo. Lo que la iniciativa enviada por Calderón se propone es precisamente transparentar a dónde va el dinero público.
Alcaldes, gobernadores y legisladores probablemente recurrirán a la retórica soberanista o al latiguillo de que también la federación derrocha para frenar la iniciativa o descafeinarla, pero a lo que hay que poner freno es al exceso, la opacidad y la ineficacia.
Otto Granados Roldán:
