La lucha anticorrupción: ¿por dónde empezar? (I)

Aguascalientes, Ags.- Por lo menos desde principios de los años ochenta, con la renovación moral del Miguel de la Madrid y la creación de la Contraloría General de la Federación, todos los presidentes han enarbolado la bandera del combate a la corrupción. En los hechos, sin embargo, no solo es poco lo que se ha logrado para evitar el fenómeno —que puede definirse como el uso ilegal del poder público y sus facultades para beneficio privado o con fines políticos— sino que parece haber empeorado.

La hipótesis más trabajada por algunos expertos internacionales —Susan Rose-Ackerman, Daniel Kaufmann, Donatella Della Porta o Rafael Di Tella, entre otros— sugiere que la fuente más corrosiva de la ilegalidad, en su vertiente económica, es decir, en la distracción de recursos públicos, la asignación ilegal de contratos de obra, las privatizaciones de activos públicos, el otorgamiento de concesiones para operación de servicios públicos o las compras gubernamentales, radica principalmente en la arquitectura regulatoria, legal, administrativa e institucional del sector público que crea fuertes incentivos para la discrecionalidad o, de plano, para saltarse la ley.

Por lo tanto, enfocar el combate a la corrupción exclusivamente por el lado punitivo es insuficiente, resulta estéril e introduce, de paso, grados muy relevantes de parálisis en el funcionamiento de la administración. Es muy probable que eso sea lo que ha pasado en México. Veamos.

Gracias a la normalización democrática, la creación de legislación e instituciones relacionadas con el acceso a la información, mayor escrutinio de los medios y redes sociales, y el uso de técnicas más refinadas de medición de la opinión y el comportamiento ciudadanos, hoy es posible tener una mejor radiografía y un entendimiento más claro del fenómeno de la ilegalidad en México.

Uno de los primeros hallazgos que arroja esa radiografía es paradójico. Por un lado, hay más información del problema y teóricamente instrumentos más eficientes para su prevención y control. Pero por otro, pese a ello, los datos revelan que su dimensión no tiende a decrecer sino, por lo contrario, a aumentar. Las explicaciones, desde luego, son varias.

Una es que, quizá, el fenómeno siempre ha registrado más o menos los mismos volúmenes pero ahora se pueden medir de manera más precisa y saberlos ampliamente. Otra es que los procesos de transición política, alternancia electoral o transferencias presupuestales a estados y municipios, entre otros, han generado, por una parte, vacíos en los mecanismos de control institucional, antes altamente centralizados, de suerte que a nivel local se produce un relajamiento de las normas y de su aplicación, lo que crea diversos incentivos para la corrupción tanto en la autoridad como en el ciudadano. O bien, por otra parte, que en la economía misma hay niveles más laberínticos de regulaciones que, a su vez, imponen la necesidad de recurrir a prácticas corruptas para eludirlas. Y una más es que, efectivamente, existan ahora mayores conductas ilegales que en el pasado.

¿Por qué? Lo veremos el miércoles.