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Otto Granados RoldánOtto Granados Roldán:
- Licenciatura en Derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México
- Maestría en Ciencia Política, por el Colegio de México

Actualmente
- Profesor-investigador de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey
- Co-dirige programas académicos de capacitación para funcionarios públicos en el Centro de Estudios sobre México de la Unión Europea y la Fundación Ortega y Gasset
- Director del Instituto de Administración Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey  (ITESM), a nivel de todo el sistema.
- Imparte  conferencias y seminarios en México y en el extranjero, y realiza actividades editoriales y de consultoría.

Cargos ocupados
en el Sector Público

- Consejero del Fondo de Cultura Económica y de BANOBRAS
- Secretario Particular del Secretario de Educación Pública
-  Oficial Mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto
-  Director General de Comunicación Social de la Presidencia de la República
-  Gobernador del estado de Aguascalientes (1992 a 1998)
- Consejero de la Embajada de México en España
-  Embajador de México en Chile

 
Aguascalientes
 
 
 
 
 
 
 
 
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HETERODOXIAS

MVS vs Presidencia:
palo y zanahoria

2012-08-17

Aguascalientes, Ags.- El pleito entre la administración Calderón y MVS exhibe con nitidez el agotamiento del modelo de relación política, normativa e institucional entre los medios de comunicación y un gobierno que, como en este caso, tiene la facultad de regularlos, frecuentemente con una discrecionalidad no sólo enorme sino consentida por ambas partes.

Veamos las cosas con realismo. Durante el antiguo régimen, el otorgamiento de concesiones para TV, radio y, más tarde, para las nuevas tecnologías se fundó en lo fundamental en un arreglo mutuamente conveniente. Todos los empresarios de medios, unos más abiertamente que otros, accedieron por largas décadas a cooperar políticamente con el gobierno en turno a cambio de que éste les retribuyera el apoyo bajo la forma de publicidad, trato, concesiones y respaldo para otros negocios paralelos que algunos de ellos sostenían. Palo y zanahoria.

Los que contaban con conductores más hostiles al gobierno solían (y suelen) usarlos para encarecer los términos de intercambio; los menos críticos, por su parte, argumentaban que podían ser un contrapeso eficaz de los primeros. A fin de cuentas, todos ganaban.

Tras la alternancia electoral, ese modelo no cambió en lo esencial, aun con el funcionamiento de órganos como la Comisión Federal de Telecomunicaciones o la Cofeco, porque, no obstante los cambios en la normatividad del sector, había y hay una cultura de relación a la que ni los gobiernos ni los medios han querido renunciar para empezar a construir un esquema parejo, transparente, verificable, con reglas de mercado y que responda a una verdadera política de desarrollo de las telecomunicaciones en México.

Ignoro cuál de los dos, la Presidencia o Joaquín Vargas, dice la verdad, pero no hace falta averiguarlo porque ambos saben bien que los hechos podrían perfectamente haber ocurrido como dice una u otro, entre otras razones porque es un juego que gobierno y medios han jugado previamente. En este sentido, ni la Presidencia puede alegar “presión y chantaje”, porque probablemente los arreglos con otros concesionarios sí han llegado a buen puerto, ni Vargas puede llamarse a engaño ni sentirse traicionado, porque siempre ha sabido (y aceptado) el terreno que pisa. La diferencia básica es que ahora le tocó perder.

Visto con precisión, el problema de fondo no es la presunta transacción, sino que, tal como está montado el esquema de operación y de interacción gubernamental de ese sector mediático, ha creado poderosos incentivos para que los acuerdos o desacuerdos se produzcan mediante un intercambio, subjetivo y opaco, de intereses, como parece ser en este incidente.

Buena parte de la economía mexicana, igual en los sectores regulados que en los que dependen de compras y contrataciones públicas, se ha desarrollado bajo la forma de un capitalismo de amiguetes, donde lo que importa no es la competencia abierta y clara, sino la negociación y los pactos en beneficio mutuo. Lo de MVS con el gobierno no es, desde luego, una excepción.

 
Reproducido con la autorización de La Razón
 
 

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