El brillante ex presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, suele recordar que la política no es, como piensan los mediocres, el arte de lo posible, sino el arte de hacer posible lo necesario. Y esa diferencia, que parece semántica, puede ser radical en el futuro de los estados si sus gobernadores dejan de quejarse de que todas las culpas vienen del centro o del pasado.

Vayamos por partes.

En un régimen político todavía tan centralizado como el mexicano siempre es útil que los gobernadores tengan una buena relación con el conjunto del gobierno federal y, en especial, con el Presidente en turno.

Las razones son varias y, entre ellas, destacan, primero, que la simpatía del Presidente ayuda a desatorar los proyectos en un sistema demasiado burocratizado, facilita que los funcionarios federales de diversos niveles vean cómo suprimen las trabas y, finalmente, hacen que las cosas pasen. Y, en segundo lugar, crear esa atmósfera es crucial para los estados pequeños o pobretones porque hay otros que tienen más dinero, que gozan de un régimen fiscal y financiero que les permite recaudar más ingresos propios y, por consecuencia, que tienen un margen mayor de autonomía.

Ahora bien ¿es el único camino? No, y aquí cuenta la capacidad profesional y política para articular gobiernos innovadores y modernos que tomen decisiones inteligentes, adecuadas y oportunas. ¿Cuáles?

Lo primero es aumentar la autonomía financiera de los estados. La reforma hacendaria de 2007 estableció una serie de lineamientos para que los estados de la República puedan tener un acceso mayor al Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fiscalización, siempre y cuando mejoren su desempeño recaudatorio y su administración tributaria. Varios estados han probado ser exitosos en la ejecución de estas reformas que consisten por ejemplo en mejorar la eficiencia en el cobro de impuestos, suprimir las prácticas corruptas, ampliar la base de contribuyentes, modernizar los sistemas tecnológicos y otras medidas semejantes.

El trato es justo: Hacienda premia a los estados si hacen lo correcto. Y esto no es de negociación política ni de influencias, es de números, de sistemas, de eficiencia.

Lo segundo es actualizar los impuestos locales como ya está ocurriendo en muchos municipios con el predial. Por ejemplo, los ingresos propios de los municipios en Aguascalientes representan alrededor de un 22% de sus ingresos totales; pero hay estados donde ese porcentaje es mucho mayor: 54% en Baja California Sur, 38% en Baja California o 35% en Sinaloa. Y lo mismo debe pasar con las tenencias, con los derechos, productos y aprovechamientos, los impuestos verdes, o la administración del impuesto a la nómina para evitar el despilfarro y la opacidad.

Finalmente, si los gobiernos estatales quieren mejorar la infraestructura deben incentivar una participación privada mucho mayor, mediante mecanismos como los que ya existen en muchas partes del mundo con los proyectos público-privados de prestación de servicios que, lamentablemente, aún no se entienden en México.

La moraleja: quéjense menos y muévanse más.