Aguascalientes, MÉXICO

El escándalo surgido por la descripción que hizo la rectora de esa especie de estafa que se llama Universidad Autónoma de la Ciudad de México no sólo es profundamente revelador del desastre conceptual y moral que fue la gestión de AMLO. También aviva la urgente necesidad de no rehuir más la discusión sobre el modelo público de gestión de la educación superior en el país.

Hay varios aspectos de ese mundo que deben ser revisados con rigor, datos y seriedad. Pero entre ellos destaca la forma como las élites y burocracias han construido su control de estas universidades, lo cual probablemente está en la raíz del conflicto en la UACM.

El gobierno de las universidades públicas ha sido, con notables excepciones, una combinación de normas, reglamentos, usos, costumbres, pactos, defecciones, asonadas, incentivos o sanciones con la que se ha producido una maquinaria muy eficiente para adquirir, conservar o transmitir el poder dentro de tales instituciones.

Esa estructura, por añadidura, ha contaminado y convertido en opacos y disfuncionales la administración de las universidades, los procesos de toma de decisión y, peor aún, la rendición de cuentas.

Una porción amplia del paisaje universitario mexicano está plagada de cacicazgos internos —algunos muy primitivos y otros de cuello blanco— sostenidos en un mecanismo de gestión bastante bien lubricado mediante el cual manejan a discreción los principales órganos de gobierno, los ascensos escalafonarios, los asientos en los consejos, las direcciones de escuelas y facultades, los viajes, las publicaciones, las cuotas políticas, la administración y los recursos presupuestales, los premios, los complementos salariales y un largo etcétera que constituye el andamiaje sobre el que descansan esos pequeños principados.

Con el pretexto de la autonomía y esgrimiendo de vez en cuando la amenaza de la movilización estudiantil de otras épocas, que en realidad poco inquieta ante patologías como la del SME o el magisterio oaxaqueño por ejemplo, la nomenklatura universitaria por igual chantajea y adula a los gobiernos, reclama candidaturas y cargos, exige influencia intelectual, demanda reconocimiento social y se erige en el guardián del templo del nacionalismo histórico, la justicia social y la virginidad ideológica.

Con tales clichés, esas élites (y las cohortes de académicos que han creado) se han resistido a introducir formas de acreditación o certificación externas, independientes y rigurosas que darían fortaleza a una evaluación constructiva, pero sobre todo facilitarían una revisión minuciosa y una transformación eficaz, entre otras cosas, de las carreras que se imparten y de sus planes y programas de estudio, de los modelos pedagógicos que se usan, de los procesos de reclutamiento y promoción de los docentes, de los resultados concretos de la investigación que se hace o de la calidad con que en realidad están aprendiendo sus estudiantes.

Pero nada de eso les gusta porque supone perder el control de la nómina, del presupuesto, de la visibilidad pública y, en suma, del territorio universitario en que reinan las pandillas.