Ningún banquero tradicional y sensato habría pensado jamás en prestar dinero a gobiernos estatales o, al menos, no a todos. Pero los banqueros rapaces, es decir, los de ahora, van detrás de ellos diariamente para colocar la plata pensando que los estados nunca quiebran.

Mirando a Islandia o Grecia, eso es leche derramada.

El miércoles 9 de noviembre, por ejemplo, el cabildo de Jefferson, un condado en el estado norteamericano de Alabama, tiró la toalla y se declaró en bancarrota porque no pudo alcanzar un arreglo con sus acreedores para renegociar –el eufemismo que se usa para tapar hoyos– 3 mil millones de dólares que dedicó, entre otras cosas, a renovar el sistema de alcantarillado. Éste es sólo un piquito del déficit de entre 56 mil y 83 mil millones de dólares que, tras años de derroche y alegre endeudamiento, enfrentan las ciudades norteamericanas.

Un año antes, Argentina anunció la reestructuración de la deuda de 19 de sus 24 provincias por casi 19 mil millones dólares para paliar los efectos de la irresponsabilidad de los caciques locales. Y en 1999 el estado brasileño de Minas Gerais simplemente dejó de pagar sus deudas y provocó la devaluación del real en un 60 por ciento y la crisis consecuente.

Tales precedentes son en efecto una severa llamada de atención a lo que está pasando en México. Es decir, más allá del aprovechamiento político y electoral del caso Coahuila, hay otros aspectos más críticos.

El primero es que la disponibilidad tan laxa de crédito ha generado un incentivo negativo para los estados, pues no se ven en la necesidad de poner en orden su gasto corriente o en mejorar su eficiencia recaudatoria porque para esto están el cabildeo presupuestal o los bancos.

El segundo es que no hay un esquema de medición que indique con precisión la rentabilidad del dinero que gastan; como se ha dicho hasta el cansancio: el crédito no es en sí mismo malo, pero lo aberrante es no saber en qué se ha traducido ese endeudamiento en términos de crecimiento económico o de desarrollo social.

El tercer foco rojo es que si la economía nacional sigue sin crecer, los ingresos fiscales tampoco aumentarán demasiado ni, por supuesto, las participaciones, que es de donde principalmente viven las finanzas estatales y municipales. Como ni gobernadores ni alcaldes querrán seguir el camino de la prudencia, entonces seguirán recurriendo al crédito desbocado o, en el extremo, empezarán a chantajear a la federación amenazándola, por ejemplo, con devolverle la administración de la educación básica, que es el rubro más pesado en todos los presupuestos estatales, y así se quitan de encima el problema sustantivo y, de paso, el sindical.

Y el cuarto es que, algún día, un estado o municipio, de plano, deje de pagar sus deudas, los bancos hagan efectivas las garantías, que pueden ser las participaciones u otros ingresos fiscales estatales, y el gobierno local sencillamente no tenga dinero para cubrir el gasto corriente.

¿Qué tal?