Algunos medios, contagiados por el deporte panamericano, leyeron mal el informe Latinobarómetro 2011 y afirmaron que México resultó reprobado en democracia como si ésta fuera una competencia atlética. El problema es mucho más sofisticado que esa trivialización porque el desencanto con una forma de gobierno no sólo la debilita directamente, sino que incentiva los retrocesos y mina la energía ciudadana necesaria para producir cambios de relevancia en un país.

El informe citado —una encuesta aplicada en América Latina y el Caribe— concluye que México, junto con Guatemala, es el país menos satisfecho con su democracia en la región. Las explicaciones, desde luego, son múltiples, pero conviene detenerse en algunos de sus significados.

El primero es que, contra la incontinencia retórica que frecuentemente distinguió el discurso democratizador de los años setenta y ochenta, su valoración hoy es menor que antes del año 2000, cuando ocurre la alternancia. La razón principal es que las expectativas que se generaron eran por completo inalcanzables, y como además la grave incompetencia política, técnica e intelectual de la administración Fox hizo del primer gobierno derivado de esa alternancia un fracaso, la desilusión fue un resultado automático.

Puede decirse que hizo y hace falta una especie de pedagogía colectiva que muestre los alcances y limitaciones de la normalidad democrática, sí. Pero en ese supuesto es útil plantearse una disyuntiva que consiste en ver la democracia en una perspectiva mínima, es decir, como un procedimiento para elegir libremente a los gobernantes y nada más, o bien como una democracia de calidad, o sea, que facilite la provisión de otros bienes públicos, como la oportunidad de tener acceso a mayores niveles de bienestar.

El segundo significado es que si el aprecio democrático es tan bajo, como lo sugiere esa encuesta, entonces son naturales los incentivos para preferir otros regímenes que, sin importar su arquitectura institucional ni el respeto a las reglas del juego, ofrezcan los satisfactores materiales que a la gente le importan en lo inmediato. No es casual que dos de los países que mejor ejemplifican ese escenario obtengan también grados considerables de satisfacción democrática: Argentina (58%) y Ecuador (49%).

Finalmente, una situación así inhibe el componente activo ciudadano, propio e indispensable en toda democracia consolidada. Es decir, para que el ciudadano mexicano experimente mejores épocas de bienestar tendrán que tomarse decisiones drásticas y complejas que van a sacudir esquemas inconmovibles que están en el imaginario colectivo. Pagar impuestos, abrir a la participación privada los tesoros de la nación o cumplir la ley no son exactamente hábitos arraigados en el comportamiento del mexicano, y todas son medidas tan impopulares como urgentes.

Pero si queremos una democracia que funcione, no hay más remedio que aceptar que conlleva costos y entender que supone derechos, obligaciones y responsabilidades. De otra manera, la nuestra seguirá siendo una democracia improductiva y decepcionante.