En el escandaloso asunto de la deuda de Coahuila, está más o menos claro lo que ocurrió, lo que hizo (o dejó de hacer más bien) el gobierno del estado o el engaño de que dicen haber sido objeto las autoridades de Hacienda y las agencias calificadoras.

Pero hay otros actores cuyo papel ha pasado inadvertido en realidad y que probablemente tengan mucho que aclarar en este caso que, vale precisar, no es el único en el desastre que es el manejo de la mayoría de las haciendas públicas estatales. Es decir, se trata de los bancos acreedores y los despachos privados que suelen dedicarse profesionalmente a asesorar a los gobiernos en la contratación y reestructuración de deudas, y a organizarles la ingeniería fiscal y financiera para hacerse de más recursos.

Por un lado, se ha vuelto una práctica episódica el peregrinaje de los banqueros ofreciendo dinero fácil a los gobernadores. Primero se teje un ambiente de amistad, luego se ensamblan los productos crediticios asociados a proyectos de infraestructura así como las fuentes de pago, y más tarde empiezan a fluir los recursos y, consecuentemente, el pago de intereses, que es el nombre del negocio. Rara vez los banqueros suelen advertirles a esos clientes los excesos en que incurren, la irracionalidad de algunas de las obras que planean y ejecutan o su inviabilidad financiera. Mientras haya quien pague la adicción, adelante.

Así han pasado los estados de tener una deuda de 28 mil 300 millones de pesos en 1994 a 365 mil millones en la actualidad, aunque, tras el lío de Coahuila, lo más probable es que la cifra sea más alta. Es cierto que en proporción del PIB nacional no es demasiado, pero en comparación con lo que ese dinero ha significado para el desarrollo de las entidades, es un fracaso. Más aún: hay pasivos que no están contabilizados porque no catalogan como deuda estrictamente pero lo es, como, por ejemplo, los pagos pendientes a proveedores o aquéllos relacionados con proyectos con participación privada.

Cuando inevitablemente las finanzas caen en situación crítica, entonces aparecen los salvadores, que suelen ser despachos con buenas conexiones con los bancos, con constructoras muy grandes o con el gobierno federal que, por un porcentaje determinado, del que a veces, según cuentan ex banqueros, participan a los propios funcionarios públicos, negocian la reestructuración de los pasivos, se mandan a muy largo plazo y todos contentos pues ya pagarán las siguientes generaciones.

Todo eso es la historia oculta del desorden financiero de los estados. No se trata, obviamente, de inculpar o exculpar a nadie, pero la película no estará completa hasta que sepamos con precisión todo el reparto y nos demos cuenta de que habían otros actores.